POR CLAUDIA PALACIOS
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Los jueces pesquisidores de los antejuicios contra funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular también deben responder a la solicitud ciudadana de agilizar el trámite de tales procesos, coinciden analistas.
Una vez la Corte Suprema de Justicia ha designado a un juez como pesquisidor de una solicitud de antejuicio, la ley de Amparo y Antejuicio da un máximo de 60 días al togado para emitir un informe sobre el caso, en el cual también puede recomendar al pleno de magistrados si es procedente retirar la inmunidad del funcionario en cuestión.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, considera que si bien la ley otorga un periodo de tiempo máximo a los magistrados, no especifica un tiempo mínimo, por lo que, si la situación así lo requiere, pueden realizar las pesquisas en cuanto sea posible.
«En la actualidad, los jueces deben trabajar pensando que la realidad nacional demanda que rindan un informe en el plazo más breve posible, sobre todo si tomamos en cuenta que hay un proceso de elecciones generales que son fundamentales para la democracia guatemalteca y que los recientes antejuicios contra candidatos ponen un cuestionamiento al Estado de Derecho y a la legitimidad de las elecciones», señaló.
Oswaldo Samayoa, analista independiente, cree que el antejuicio contra Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia de Libertad Democrática Renovada (Lider), es una muestra de porqué es necesario que los jueces pesquisidores agilicen su labor. «Estamos ante la posibilidad de que un binomio presidencial quede desarticulado y eso tenga una incidencia en las elecciones», dijo.
Sin embargo, Samayoa indica que la demanda ciudadana se ejerce en dos sentidos. «Por una parte se les pide que realicen el trámite en el menor tiempo posible, pero a la vez que esta labor se realice con independencia y responsabilidad, para emitir un informe bien fundamentado e imparcial», señaló.
La Corte Suprema de Justicia ha trasladado 13 antejuicios de casos de alto impacto hacia jueces de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, los jueces aún no han emitido informes sobre los casos a los que se dio trámite en primer lugar.
A casi tres meses de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidieron retirar la inmunidad de la jueza Marta Sierra Stalling por supuestamente beneficiar a tres sindicados del caso La Línea, a cambio de un soborno, el juez Roaldo Chávez, no ha enviado a la CSJ su informe.
Así mismo, el caso del juez Mynor Barrera, señalado de liberar de forma anómala a cinco sindicados por la estafa del Banco del Café (Bancafé), sigue en trámite.
Esta mañana, la magistrada Sonia de la Paz Santizo Corleto, inició los trámites del antejuicio contra el diputado Pedro Muadi, por lucrarse de 15 plazas fantasma en el Congreso. Esto, a tres semanas de que la CSJ la nombrara como pesquisidora.
