Ramón Cadena
En dos mil diecisiete, el expresidente de la república Jimmy Morales inició una persecución indiscriminada en contra de jueces y juezas honestas e independientes; en contra de abogados y abogadas de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en contra de periodistas que con su pluma y su capacidad de expresar ideas, luchaban contra la corrupción.
Alejandro Giammattei continuó con esta descarada persecución. Cuando miembros del sector privado organizado en el CACIF, temieron ser involucrados en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Conflicto Armado Interno y se vieron involucrados en casos complejos de corrupción de altos funcionarios de gobierno, ya no les gustó defender a la justicia.
Desde que algunos jueces, abogados y fiscales empezaron a demostrar con sus actos independientes y valientes que los delitos de cuello blanco, si podían ser perseguidos y las y los responsables podían ser condenados y encarcelados, desde ese momento, estos jueces, juezas, abogados, abogadas y fiscales, empezaron a ser blanco de ataques.
Las campañas publicitarias en su contra no se hicieron esperar y se les acusó de ser comunistas, poner en peligro la democracia y promover un régimen totalitario. Así como en la época de la guerra Ríos Montt empezó a acusar a todo aquel que luchara en favor del bien común y de la justicia social de ser delincuente y a vociferar la palabra comunista poniendo sus ojos díscolos en el horizonte de la nada, más de veinte años después, se volvió a situar en el escenario de la postguerra al fantasma del comunismo y a acusarlo en forma insistente, paranoica y enfermiza, tal y como lo hizo Ríos Montt en el pasado, de ser el delincuente que inventaba que existían actos de corrupción en el gobierno.
Siempre que la independencia judicial sufría actos de violencia y era vulnerada, también se afectaba la Democracia y el Estado de Derecho. Paradójicamente, después de más de una década de ataques indiscriminados en la post guerra, la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos seguía intacta. El Secretario General de dicho Organismo Internacional Regional seguía defendiéndola impunemente, a pesar de sus múltiples violaciones. La Comunidad Internacional sin despeinarse, guardaba un silencio cómplice.
Así pasaron los días y se oxidaron los años. Los enemigos de la democracia y del cambio social tomaron el poder, se afianzaron sobre sus telarañas y cooptaron todas las instituciones, cuya razón de ser era la defensa del Estado de Derecho y la Democracia. Las instituciones que deberían estar dirigidas por funcionarios y funcionarias independientes, para poder hacer realidad la teoría de los pesos y contrapesos, perdieron esta posibilidad y fueron tomadas por el crimen organizado.
El Poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos y otras, una vez tomadas, cooptadas, neutralizadas y dirigidas por funcionarios o funcionarias grises, afines a las políticas impunes del Organismo Ejecutivo y Legislativo, se convirtieron en la garantía necesaria para que otros pudieran cometer delitos con total impunidad. Dejaron a un lado el liderazgo que deberían tener para hacer realidad la teoría de los pesos y contrapesos. Ahora, según el criterio torcido de quienes detentan el poder, estas instituciones se encuentran liberadas del comunismo que se había apoderado de ellas.
Cualquiera persona que trate de demostrar que la Carta Democrática de la OEA ha sido violada, se corre el riesgo de ser calificado de “comunista”, de ser encarcelado y de sufrir actos de tortura encerrado entre cuatro paredes. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes, que afectan el Estado de Derecho sistemáticamente y promueven la impunidad de actos de corrupción, caminan libres por las calles de Guatemala, con el disfraz de la democracia a cuestas. El Secretario General de la OEA, señor Luis Almagro, ha proclamado que en Guatemala no se han violado los principios de dicha Carta, ya que se trata de un país democrático, gobernado por un demócrata.
La Carta Democrática de la OEA establece que un elemento esencial de la democracia representativa es la separación e independencia de los poderes públicos y que otros dos componentes son fundamentales para el ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa.
La violación de estos elementos ha provocado que otros pilares del Estado de Derecho y de la Democracia, sean consecuentemente afectados, como por ejemplo el ejercicio de la abogacía, el respeto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros. Desde que en agosto de 2017 el expresidente de la república Jimmy Morales declarara persona non grata al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), los tres aspectos mencionados con anterioridad y otros igualmente importantes, han sido socavados en forma sistemática.
Además, la situación actual por la que atraviesa Guatemala, afecta seriamente tres premisas básicas de la Carta Democrática: que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de cualquier país; que debe existir una subordinación constitucional de las instituciones del Estado, a la autoridad civil legalmente constituida y no a la autoridad militar y que el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad, son igualmente fundamentales para la democracia.
Por otro lado, las reformas necesarias para lograr que el derecho a la igualdad, que proclama llena de orgullo y alegría nuestra Constitución Política en su artículo cuarto, no se logran implementar y siguen siendo una urgente necesidad. En este sentido, el artículo cuarto es una “norma vacía”, sin contenido y una parte considerable de lo que abogados y abogadas llaman “la letra muerta del derecho”.
Durante los años de gobierno de Giammattei, la democracia guatemalteca ha sufrido serios efectos regresivos. Por ello, se requiere que a la mayor brevedad posible, se tomen las medidas correctivas necesarias. Los procesos electorales de segundo grado que se iniciaron en el año 2019, estuvieron regidos por el conflicto de interés y el fraude electoral. Estos procesos, en lugar de tener el objetivo de elegir a las personas más idóneas y honestas, se centraron en elegir a personas afines a las políticas de impunidad promovidas por los funcionarios públicos que los eligieron. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, incluso se dio un golpe de Estado por parte del Organismo Ejecutivo y del Organismo Legislativo, que permitió que las y los magistrados de dicha Corte, se mantuvieran en el poder en forma ilegal, durante un segundo período constitucional.
Es necesario y obligatorio facilitar procesos de discusión orientados a fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, así como la discusión sobre un posible uso de la Carta Democrática Interamericana. La Carta ofrece la posibilidad de realizar una apreciación colectiva de la situación en Guatemala (artículos 18 y 19 de la Carta) y este mecanismo tiene a su vez, el potencial de redundar en importantes beneficios para el país y para sus ciudadanos y ciudadanas. No debemos desaprovechar esta oportunidad debido a la intransigencia y absurda posición del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señor Luis Almagro.
