La forma en que se trata de realizar la supuesta pesquisa contra el Juez Miguel Ángel Gálvez, en secreto y sin permitir acceso a la prensa para documentar los argumentos de las partes, hace pensar que nuestro sistema de justicia está recurriendo a prácticas de la inquisición o de los tribunales de fuero especial. En vez de implementar mecanismos de transparencia que garanticen el debido proceso y el imperio del derecho, ese manejo perverso, bajo el argumento de que la ley no establece la publicidad de ciertos actos, es aberrante porque es en la oscuridad y opacidad donde florece el manoseo de la ley.
El proceso contra el juez tiene mucho de parecido con la famosa “reserva” que se decreta en muchos de los casos que lleva ahora el Ministerio Público y que es simplemente un mecanismo para impedir, a los sindicados y al público, tener pleno conocimiento de lo que se está montando para avanzar en la condena, previamente decidida y acordada. Si algo es fundamental en un proceso judicial es que tanto las partes como la opinión pública tengan acceso a las incidencias procesales, puesto que ello es lo que permite el funcionamiento de pesos y contrapesos para impedir abusos que rompan con el Estado de Derecho.
Ayer las autoridades de migración informaron que el Juez Miguel Ángel Gálvez salió del país, extremo que el mismo juzgador desmintió en sus redes sociales, aunque advirtió que por estar de vacaciones no se puede descartar que en algún momento lo haga.
No faltaron las voces que empezaron a llamarlo prófugo, como llaman a todos los que han sido beneficiados por asilo en otros países al demostrar que en el nuestro hay una persecución infundada en su contra. El derecho de asilo está debidamente regulado en el derecho internacional y esa protección se ofrece a quienes demuestran que pueden ser víctimas de abusos o de violencia.
No creemos que haya ámbito de la administración que pueda ser secreto, salvo asuntos de seguridad nacional o diplomáticos, como dice la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la absoluta y total publicidad de los actos públicos. Pero si Gálvez recurre al instrumento de control constitucional, la Corte de Constitucionalidad, lo mandarán por un tubo, porque él es objeto de un proceso iniciado por ese poder paralelo al Ministerio Público, una fundación que tiene mucha influencia en la CC y en el sistema de justicia de todo el país.
Volver a los procesos de fuero especial, secretos y turbios, confirma la perversión del Estado de Derecho.
