POR CLAUDIA PALACIOS
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Tras cinco intentos fallidos y seis meses de retraso, la Corte de Constitucionalidad (CC) programó para mañana el análisis del amparo interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para retirar la inmunidad del diputado Gudy Rivera por tráfico de influencias.
A seis meses que la CICIG impugnó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó la solicitud de antejuicio contra el jefe de bancada del Partido Patriota, la CC aún no ha determinado si avalará o revocará dicha decisión.
El expediente está incluido en la agenda de mañana; sin embargo, en cinco ocasiones anteriores, los magistrados ponentes han retirado el caso de discusión, argumentando que requieren más tiempo para conocer los antecedentes.
El amparo de la CICIG ha pasado por las manos de cuatro togados. Fue analizado por Alejandro Maldonado Aguirre y tras su designación como vicepresidente de la República pasó a las manos de la magistrada suplente María Araujo Bohr, quien lo trasladó al magistrado Roberto Molina Barreto y finalmente terminó bajo responsabilidad del recién nombrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera.
La designación de Duarte Barrera como titular de la CC, en sustitución de Maldonado Aguirre, se logró a través de una moción privilegiada promovida por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), en alianza con el Partido Patriota y Visión con Valores (ViVa).
ANTECEDENTES
En febrero del presente año, la CICIG interpuso un amparo en la CC para remover la inmunidad del diputado del Partido Patriota (PP), Gudy Rivera, quien es señalado de ejercer presiones contra la exmagistrada Claudia Escobar, para lograr un fallo favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La exmagistrada presentó a la CICIG un disco compacto con la grabación de una conversación que mantuvo con el diputado Gudy Rivera y el abogado Vernon González Portillo, en la que supuestamente le ofrecen a cambio, su reelección en la Corte de Apelaciones.
El antejuicio solicitado por el Ministerio Público y la CICIG en primera instancia fue rechazado por la pasada CSJ, luego de que ocho de los trece magistrados votaron por mantener la inmunidad del diputado.
Los togados argumentaron que las pruebas presentadas por la fiscalía no eran suficientes para evidenciar la posible comisión de un delito y rechazaron nombrar a un juez pesquisidor para indagar más en la acusación.
La CICIG considera que «existen indicios suficientes que dan el grado de probabilidad sobre la existencia de posibles delitos: tráfico de influencias y/o cohecho activo», según indicó en un comunicado emitido tras solicitar el antejuicio.
