Por SONIA PEREZ D.
GUATEMALA / Agencia AP
«Si un pueblo asume y acepta la impunidad como norma, ese pueblo está marcado y condenado a sufrir en algún momento posterior la misma situación, por tanto la lucha contra la impunidad es la base», dijo el juez español que participó en Guatemala en un foro regional sobre desarrollo social.
El jurista aseguró que no se debe olvidar la responsabilidad civil de los cómplices de los crímenes de guerra. Dijo que las investigaciones por genocidio y crímenes de lesa humanidad debe incluir «a la parte del entramado económico financiero que los ha sustentado».
En ese aspecto mencionó como un caso ejemplar el de Argentina, «donde se está investigando el papel de las grandes empresas y de los grandes actores económicos durante la dictadura (1976-1983)… el papel del sector civil y de eso hay pruebas contundentes» comentó.
Mencionó también que en la región hay casos que han sentado precedentes graves, por ejemplo la anulación de la sentencia al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983), condenado a 80 años de prisión por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad por la muerte de 1.771 indígenas ixiles. Sin embargo resaltó que el solo hecho de que un juez reconozca que hay una causa es una ganancia para las víctimas.
«Lo que tenemos que tener claro es que los indicios eran ciertos y existentes, que hubo una condena que fue anulada, que el proceso sigue, que tiene que hacerlo con todas las garantías y que la justicia en Guatemala debería de ser consciente que hasta que no resuelvan estos temas Guatemala no va a estar en disposición de despegar hacia el futuro», dijo el juez.
Garzón dijo que más allá de las condenas de los tribunales hay otras que marcan a los responsables de crímenes, como el caso del en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien «una vez que fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1988, ya quedó marcado y condenado hasta el día de su fallecimiento».
«La lucha contra la impunidad no va a acabar. Los perpetradores por mucho tiempo que transcurra no pueden ni deben de estar tranquilos porque la respuesta judicial, sea a través de mecanismos de justicia ordinaria, justicia constitucional, de acuerdo para poner fin a un proceso o recuperar la credibilidad del sistema, se tiene que cumplir y ninguna sociedad se quiebra por la aplicación de la justicia», explicó.
Para el juez español, el hecho de que algunos países decretaron leyes de amnistía tras la guerra en los años 80, como El Salvador, no impidió que Cortes internacionales ordenen que esos crímenes deban investigarse.
«Corte Interamericana ha dicho, ustedes no pueden aplicar la amnistía, es un crimen de lesa humanidad y de persecución internacional y la Corte Constitucional ha aceptado a trámite una demanda de las víctimas y cuestionar la constitucionalidad de la amnistía», señaló.
Según Garzón, hay casos en América Latina que sentaron precedentes y son emblemáticos: el caso de Perú con la condena al expresidente Alberto Fujimori por corrupción y los crímenes de lesa humanidad en su gestión, por ejemplo.
Colombia, que desde fines de 2012 adelanta negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para tratar de poner fin a 50 años de confrontaciones, puede también sentar un precedente importante en esa lucha.
«Colombia está haciendo un grandísimo esfuerzo en lo que es el desarrollo en la justicia transicional… y lo está haciendo de forma novedosa y original, tratando de conciliar en términos de justicia, paz y reparación junto con el elemento básico de la verdad» explicó Garzón.
Para el juez español, las víctimas de los crímenes y delitos en la actualidad, como el caso de México —donde en los últimos años han muertos y desaparecido miles de personas en el marco de la lucha contra las drogas_, tienen nuevas instancias internacionales a falta de respuesta en sus propios países, que pueden ser utilizadas en la búsqueda de justicia.
«El lugar para encontrar justicia puede ser cualquiera con tal de que se acuerde esa justicia, pero es más lógico que la justicia se implemente y desarrolle en el propio lugar donde ocurrieron los hechos», sostuvo. «Si eso no es posible, el principio de justicia universal está precisamente para que cuando la impunidad exista en el país y los crímenes son internacionales se persiga en cualquier parte o cualquier lugar… esa es la grandeza del principio de justicia universal y es por lo que debemos luchar».
«Lo que tenemos que tener claro es que los indicios eran ciertos y existentes, que hubo una condena que fue anulada, que el proceso sigue, que tiene que hacerlo con todas las garantías y que la justicia en Guatemala debería de ser consciente que hasta que no resuelvan estos temas Guatemala no va a estar en disposición de despegar hacia el futuro».
«La lucha contra la impunidad no va a acabar. Los perpetradores por mucho tiempo que transcurra no pueden ni deben de estar tranquilos porque la respuesta judicial, sea a través de mecanismos de justicia ordinaria, justicia constitucional, de acuerdo para poner fin a un proceso o recuperar la credibilidad del sistema, se tiene que cumplir y ninguna sociedad se quiebra por la aplicación de la justicia».
