Empezamos por reiterar que una de las mayores aberraciones de la legislación electoral es la que impone mordaza a cualquier político que aspire a ser inscrito, so pena de quedar excluido por hacer “campaña anticipada”. Es aberrante la disposición porque los políticos serios tienen que estar en el escenario nacional sujetos al escrutinio público que juzga cada una de sus actuaciones y/o palabras para ir calibrando su conocimiento de la realidad, su capacidad y preparación, además del compromiso para hacer algo por el país.
Aquí se nos obliga a elegir entre actores mudos, que callan la boca durante cuatro años y tienen que esperar a que el Tribunal Supremo Electoral haga la convocatoria para que, en unos pocos meses, establezcan fugaz contacto con la ciudadanía, lo que explica por qué se elige escuchando vacías canciones y el voto es tan susceptible de ser comprado. No existe la posibilidad real de llegar a conocer a un político cuando se tiene que arrinconar y solo en medio del bullicio de la campaña la ciudadanía tendrá acceso a sus puntos de vista, a sus propuestas y a su calidad ética y moral.
Dicho eso, y porque estamos en el marco de una ley estúpida y muy conveniente para la mediocre clase política, debemos señalar el descaro del Tribunal Supremo Electoral en el uso de un doble rasero inmoral, puesto que advierten la no inscripción de los que critican al gobierno y específicamente a Giammattei y al Jefe de Jefes, mientras la abierta campaña anticipada del oficialismo no es siquiera motivo de escrutinio. No puede ser que una autoridad electoral que se tiene que ganar su prestigio por el equilibrio e imparcialidad, sea tan descarada para mostrar sus preferencias y, sobre todo, la sumisión a quien en la práctica opera y obtiene respuesta como si de verdad fuera el mero Jefe de Jefes.
Ya hay una acción que tacha de inconstitucional la ley, presentada por Acisclo Valladares Molina, pero dada la vinculación tan estrecha entre la Corte de Constitucionalidad con el oficialismo, la misma no será conocida, al menos antes de las elecciones, porque la norma es altamente conveniente para la aplicación de ese burdo doble rasero. ¿Cómo se le puede exigir a un pueblo que elija bien si no tiene la posibilidad de escuchar la propuesta de los aspirantes ni de conocerlos más a fondo mediante la observación, a lo largo del tiempo, de sus actitudes, propuestas y posturas?
Elegimos al menos peor, supuestamente, pero siempre nos resulta el “más peor”, cabalmente por esa venda en los ojos que impone la ley.
