Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
En mi columna del 9 de marzo titulada “Infraestructura Vial, el Mecanismo y Financiamiento Electoral” hice unas reflexiones sobre las deficiencias en la normativa legal aplicable a la construcción de infraestructura, particularmente la vial, y cómo se abusa de la normativa respectiva para encarecer obras, generar oportunidades rentistas y cómo se alimenta un ciclo de sobornos y de financiamiento político ilícito. Desde ese entonces, se amplió el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en Q3,191,242,500 para “mejorar la red vial” y para “infraestructura estratégica” y pronto será realidad un presupuesto que asciende a Q113 millardos con un fuerte componente de recursos para “infraestructura” y obras en el interior del país con obvios sesgos electorales.
Los casos de la antigua FECI del 2015 al 2019 desnudaron y pusieron en conocimiento de la población la forma en que la construcción de infraestructura vial es un barril sin fondo para financiar proyectos políticos. Los casos de esa época involucraban grandes constructores de obra gris que se podían catalogar del sector empresarial “lícito” e incluso sus personeros encabezaban las gremiales de la construcción. Sin embargo, en los últimos años, del 2019 hasta ahora lo que se está apreciando es que los constructores de “turno”, actores secundarios de otra época, en realidad más que alimentar el ciclo de obras de baja calidad y caras a cambio de coimas y financiamiento electoral, lo que están haciendo es ser gigantes “lavanderías de dinero”. Lo anterior por la “cashificación” del “Mecanismo” de coimas y pagos exorbitantes de obras de infraestructura. Explico lo anterior.
En los casos develados por la antigua FECI se develó que el ex Ministro Alejandro Sinibaldi usaba una telaraña de sociedades anónimas por las cuales facturaba “servicios” ficticios (e.g.: movimientos de tierra, alquiler de maquinaria, etc.). Sin embargo, los “pescaron” en la maniobra. Los directores del “Mecanismo” ahora han aprendido la lección y ahora se manejan a base de una economía de “cashito” o dinero en efectivo. ¿Cómo logran pagar las coimas y dar tanto dinero en efectivo en las “comisiones” que se dice ahora ronda el 20% o más del costo de las obras? Muchos especulan que existe un “mecanismo” de lavado de dinero de magnas proporciones de dinero del narcotráfico que permite lavar las coimas y los pagos y circular el efectivo. Pero por ahora es un misterio envuelto en un acertijo.
Relacionado con lo anterior, es cierto que la Iniciativa de ley 5820 por la cual el Organismo Ejecutivo presentaba reformas al andamiaje del combate del lavado de dinero y otros activos está parqueada desde agosto del 2020 que la presentó el citado organismo. Sin embargo, me parece que más que esa iniciativa, cuando exista una nueva administración en el Organismo Ejecutivo y esperemos, un mejor Congreso, deben promoverse reformas al marco legal aplicable a la contratación pública de infraestructura como una herramienta adicional a las políticas para el combate del lavado de dinero. La construcción de infraestructura pública ha dejado de ser solamente un problema de competitividad económica y de costo de oportunidad para el país para ser un “problema político” por su incidencia en el financiamiento de la política y en la penetración de las redes criminales transnacionales en la economía del país. Además, poco a poco el opaco “Mecanismo” de contratación de infraestructura pública se está convirtiendo en un problema de “seguridad nacional” para Guatemala y, por el financiamiento de redes transnacionales, para EE. UU.
En beneficio propio los sectores empresariales y gremiales deberían apreciar lo anterior, dejar de ver el pasado reciente y promover una reforma estratégica del Estado, de la normativa de construcción de obra gris y vial y del financiamiento de la política tratando de disminuir el flujo del dinero corrupto e ilícito a la política, y con ello, alinear nuestros intereses como país con los intereses geoestratégicos y de seguridad nacional de EE. UU. Sin embargo, irónicamente, ciertos sectores que deberían ser los más interesados en cambiar el rumbo tienen ataduras a ciertos sectores que no quieren que cambie algo alrededor de la materia. De no romper esas ataduras, la pesadilla que quisieron evitar con un gobierno de Manuel Baldizón en 2015 se materializará aún con más fuerza en el mediano plazo.
