Por Luis Alberto Padilla
En anteriores artículos hemos venido señalando que este tercer intento de construir un sistema político democrático en Guatemala (después del fracaso de la República Federal de Centroamérica así como de la primavera democrática del 44-54) está a punto de colapsar ante las evidentes intenciones del pacto de corruptos de restaurar el autoritarismo dictatorial con el que este país ha sido gobernado por las oligarquías coloniales y neocoloniales desde hace 500 años. A pesar de que la Constitución de la República establece un claro procedimiento para renovar periódicamente la Corte Suprema de Justicia el Congreso de la República ha ignorado olímpicamente el mandato constitucional y la actual magistratura va camino de cumplir dos períodos completos sin ser renovada. Obviamente, esto supone la obediencia de la máxima instancia del poder judicial a las indicaciones que, en asuntos de interés especial para ellos, los otros poderes tengan que hacerle. Por ende, la independencia del Organismo Judicial está seriamente comprometida, no existe. Y otro tanto ocurre con el máximo tribunal constitucional, con el Ministerio Público en manos de una persona obediente a las directrices que le llegan desde la presidencia de la república y podemos suponer, verosímilmente, que lo mismo ocurrirá con el Tribunal Supremo Electoral y con la Procuraduría de los Derechos Humanos si la ciudadanía no se mantiene alerta, resiste y reclama sus derechos en caso de hacerse necesario.
Y decimos lo anterior porque, afortunadamente, la misma Constitución en su artículo 45 sobre la “acción contra infractores y legitimidad de resistencia” preceptúa con claridad que “la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. De manera que la resistencia para exigir al Estado que se protejan los derechos y garantías consignados en la misma es legítima, y también lo es que el actual contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha traído como consecuencia la clara violación del artículo 141 constitucional. Dicha norma establece que la soberanía radica en el pueblo “quien la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial” pero, al mismo tiempo – y esto es fundamental – prohíbe taxativamente la subordinación ante los poderes del Estado. De modo que si uno de los organismos estatales coopta a los otros terminando, de facto, con su independencia se está violando dicho precepto constitucional y esto permite que el pueblo soberano actúe con legítima resistencia a fin de que – como señala el inciso b) del artículo 135 se cumpla con la obligación ciudadana de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República.
Señalamos lo anterior con motivo del surgimiento de la “Convergencia Nacional de Resistencia” (CNR), una entidad cívica conformada por ciudadanos y organizaciones de la socidad civil cuyo propósito principal es “… desalojar del Poder Político a las redes criminales de corrupción e impunidad, que mantienen capturado al Estado y para promover la construcción de un país democrático y desarrollado integralmente” tomando en consideración “que el régimen democrático que se pretendía construir ha fracasado en contenidos fundamentales y ello ha facilitado que vivamos en una situación social muy próxima a una dictadura de hecho”. O sea que la CNR se ha declarado en legítima resistencia frente a la violación de las normas constitucionales, dentro de las cuales se encuentra, evidentemente, el citado artículo 141 porque con toda claridad como dice la CNR en su declaración “…la independencia de Poderes no existe. Los tres Poderes del Estado se aliaron, actúan en forma conjunta y de acuerdo a lineamientos sugeridos por la élite económica y la cúpula autoritaria en el poder”. Al frente de la CNR se encuentra Monseñor Álvaro Ramazzini, Cardenal de la Iglesia Católica conocido por su identificación con las luchas de los defensores de los derechos humanos y con las reivindicaciones de los sectores populares y de los pueblos indígenas, quien se ha rodeado de una amplia gama de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil así como de personalidades identificadas con las luchas populares.
En su columna de prensa Edgar Gutiérrez se refiere a la resistencia pacífica de los pueblos frente a la opresión y a los desmanes del poder político tiene manifestaciones históricas en nuestra propia subregión. Él menciona la resistencia popular que obligó a la renuncia del dictador Maximiliano Hernández en El Salvador en 1944, a la que se puede agregar las demostraciones pacíficas que condujeron a la renuncia de Ubico ese mismo año en nuestro país. La resistencia pacífica de Mahatma Gandhi que obligó a los ingleses a conceder independencia a la India forma parte de estos movimientos, así como también la de Nelson Mandela y el obispo Desmond Tutu por terminar con el gobierno neocolonial y el apartheid en Sudáfrica. La lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos impulsada por Martin Luther King o de personalidades como el checo Vaclav Havel, el dirigente sindical polaco Lech Walesa y el científico ruso Andrei Sakharov se inscriben también en estos movimientos de resistencia pacífica. Por su parte, el colega columnista Adrian Zapata alude que los retos de la CNR serán ahora su ampliación para alcanzar una pluralidad ideológica en la que deberían participar empresarios honestos y demócratas liberales (como el movimiento ARDE de Lionel Toriello, quien ya se expresó en forma positiva acerca de la CNR) así como lograr una “articulación con los actores políticos que participarán en las próximas elecciones”. Esto último, sin embargo, podría no ser compatible con la independiencia política e ideológica de la CNR, pero no cabe duda que si a ésta le tocará resistir la “guerra legal” contra candidatos o partidos que no pertenecen al pacto de corruptos (como ya le pasó a Juan Francisco Solórzano Foppa y podría ocurrirle a aquellos a quienes se acuse de “campaña anticipada”) o mantenerse alertas para resistirse a cualquier potencial fraude electoral, esto necesariamente llevaría a la misma a articular su trabajo en esa dirección. Saludamos y felicitamos a Monseñor Ramazzini por su iniciativa, todos debemos sumarnos a esta magna convergencia nacional de resistencia contra la opresión y la dictadura en ciernes.
