POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Expertos en temas económicos cuestionan la vigencia de privilegios que se otorgan a los sindicatos de trabajadores del Sector Salud y de Educación, pues a su criterio, los incrementos salariales, viáticos, bonos y otros beneficios no van acompañados de una mejora de la calidad del servicio prestado y sino al contrario, aumentan el riesgo de que en un corto plazo colapsen las finanzas del erario nacional debido a la suscripción de pactos colectivos con estos grupos por medio del chantaje político.
Este año, el convenio con el Sindicato de Salud tiene un peso de Q1 mil 835 millones, mientras el Mineduc adquirió una carga que supera los Q1 mil millones en este rubro.
Según Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, si bien es positivo que los trabajadores se organicen y pidan mejores condiciones laborales con la entrada de un nuevo Gobierno, debe analizarse si los pactos colectivos son viables y además pedir a cambio un mejor servicio para la población.
Por esa razón, también señaló que para lograr la eficiencia del Gobierno deben limitarse los privilegios en dichos pactos, pues merman el buen desempeño del recurso humano y podría desatar en un breve tiempo, una crisis financiera en el Estado, que tiene otras responsabilidades sociales que cumplir.
“Los pactos colectivos del sector público establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño. Por ejemplo, se otorgan días adicionales de descanso, bonos y regalos, que no están enmarcados en la Ley de Servicio Civil”, mencionó el investigador del CIEN.
Por su parte, el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo, Jorge Benavides, expresó que estos compromisos han sido incluso firmados bajo presión, como los de Salud y Educación, y han provocado grandes ampliaciones en el diseño del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación cada año, a cambio del apoyo de los sindicatos para ciertos temas que a los Gobiernos les interesa impulsar.
“Muchas veces se negocian cosas fuera del pacto colectivo como apoyo político, así como el incluir dentro de la planilla a su gente. Esto también implica un caudal político para quienes están en el poder, por lo que no les conviene disminuir la cantidad de trabajadores involucrados sino aumentarla. Esto contribuye a que se incremente la conflictividad social”, opinó Benavides.
Los entrevistados coincidieron en que son excesivos los beneficios para algunos trabajadores y en que la mayoría de pactos colectivos que negocian los sindicatos públicos son ilegales porque no cuentan con dictámenes de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas ni de la Procuraduría General de la Nación.
Por ejemplo, citan que en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito en 2013 entre el Frente Nacional de Lucha y el exministro Jorge Villavicencio, existe un incremento del 815 por ciento en las cuotas destinadas para bonos y viáticos de los empleados mientras en el Ministerio de Educación, se negoció con el STEG, un aumento de salarios de 8, 10 y 12 por ciento en cada uno de los años de este Gobierno. Pero la calidad del servicio e infraestructura tanto en escuelas como en hospitales aseguran, pareciera que es lo único que no mejora.
