Emilio Matta Saravia
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La semana pasada el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció sus planes de reelección para los comicios de 2024. De esta forma, el presidente del vecino país se une a la larga lista de dictadores latinoamericanos que, una vez accedieron al poder, tomaron el control de las instituciones de sus respectivos países para modificar las leyes a su conveniencia y utilizar a los distintos poderes del Estado a su antojo para retirar, por las buenas o por las malas, a sus rivales políticos para quedarse en el poder por largos períodos.
Fidel y Raúl Castro en Cuba, Hugo Chávez y Nicolás Maduro (y Diosdado Cabello) en Venezuela, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia han guiado el camino del joven presidente salvadoreño, quien, aparentemente, aspira convertirse en otro caudillo latinoamericano utilizando las mismas artimañas.
A pesar de que, a excepción de los Castro en Cuba, estos caudillos accedieron al poder democráticamente o por lo menos en elecciones limpias (se supone), han utilizado su mandato para colocar a sus peones en puestos clave dentro de la frágil institucionalidad de sus respectivos países, logrando así modificar las constituciones, inclusive, de sus respectivos países para su beneficio personal. En el caso de El Salvador, la Constitución tiene prohibiciones expresas a la reelección, cosa que parece no importarle al gobernante, quien domina a su antojo la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, y asumo que también al Tribunal Supremo Electoral. Con tal poder, lo que diga la Constitución salvadoreña es, simple y llanamente, letra muerta. El altísimo porcentaje de aprobación que tiene el Presidente salvadoreño no hace más que ayudar a su causa.
En Guatemala está sucediendo un calco de lo que ya se produjo en Nicaragua y que ahora acontece en El Salvador. La Postuladora para elegir al Contralor General de Cuentas recién se conformó esperando a que el elegido por el jefe de jefes pudiera llegar a la edad mínima que se requiere para acceder a dicho puesto. Con esto el oficialismo tendría bajo su control todas las instituciones del país: los poderes Legislativo y Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, y ahora la Contraloría General de Cuentas, con lo que los artículos pétreos de la actual Constitución que prohíben expresamente la reelección pasarían a ser, también, letra muerta de la ley.
Dudo que el diputado a quien, en flagrante campaña anticipada y con el silencio cómplice del servil y rastrero Tribunal Supremo Electoral, el partido de gobierno promociona como el “candidato oficial”, sea en realidad su baza para las elecciones del 2023. Insisto en que el actual gobernante, con su terquedad y contumacia, no se resignará a tirar aproximadamente 20 años de su vida que le ha tomado llegar a la presidencia para entregar el poder en tan sólo 4 años, con casi 2 de pandemia.
Como lo he dicho, todo es parte de un plan: la reelección.
