Isabel Pinillos – Puente Migraciones
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La reciente visita del Embajador Thomas Shannon a Guatemala vino a confirmar los objetivos de la política de EE.UU. en la región, dentro de los cuales resalta detener la migración irregular hacia ese país. En julio de 2014, tras el éxodo masivo de menores no acompañados, Shannon solicitó $300 millones al Comité de Apropiaciones del Senado norteamericano para tratar el problema de la inmigración, especialmente la de menores. Según su discurso al comité, las estrategias a implementar se dirigirían a “diseñar una campaña de mensajes para detener la inmigración, especialmente niños” y “mejorar la habilidad de México y Guatemala para interceptar migrantes antes de que crucen México e ingresen por las rutas de contrabando establecidas que movilizan a los migrantes a nuestra frontera”.
Es dentro de este contexto de cooperación regional que en México el presidente Peña Nieto implementó el Programa Frontera Sur (PFS), cuyo objeto es asegurar la frontera entre México y los puntos que limitan con Guatemala y Belice, con “estrategias de prevención y protección a los derechos de los migrantes.” Para apoyar este plan, Estados Unidos destinó $86 millones de dólares. Los efectos formales de este programa se ven en el incremento de deportaciones desde México que, según la Dirección General de Migración, de enero a junio de 2015, fueron de 28 mil 021 personas, 73% más que el año pasado durante el mismo período.
En la visita del Embajador Shannon, se hizo acompañar de Alan Bersin, William R. Brownsfield y Kenneth Blanco. Analicemos a ver quiénes conformaron la comitiva. Bersin, en su calidad de Secretario Adjunto de Asuntos Internacionales, es responsable de la planificación estratégica y formulación de políticas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, con amplia experiencia en seguridad fronteriza, y quien un año atrás visitó a Peña Nieto para coordinar los detalles del PFS en México. Brownsfield, y Blanco, por su parte, ambos funcionarios dedicados al tema del combate del narcotráfico y lavado de dinero en la región.
Los cargos de los funcionarios que acompañaron a Shannon, su agenda y los actores de estas reuniones hacen evidente los puntos prioritarios de su visita a la región. Sin duda el PFS comenzará a implementarse en el los países del triángulo norte, como una estrategia de verticalizar el control fronterizo, con obstáculos cada vez más grandes para los que intentan ingresar irregularmente a EE.UU. A una semana de la visita oficial, ya se escucha en medios masivos una nueva campaña que advierte a las personas sobre los peligros de migrar.
En papel, el PFS parece dar respuesta a un problema regional de movilidad hacia EEUU, motivado por mantener la seguridad a los migrantes por medio de acciones sociales. Sin embargo, desde los albergues, centros de atención al migrante y organizaciones de derechos humanos, se denuncian un sinnúmero de violaciones inaceptables contra los migrantes centroamericanos. Se reportan abusos tanto físicos, sexuales, psicológicos y económicos, y hasta la muerte de personas inocentes; delitos perpetuados no sólo por pandillas y extorsionistas, sino también por las mismas autoridades mexicanas de migración, policía federal, y elementos del ejército que ahora se han incorporado a las fuerzas del PFS.
A un año del Programa Frontera Sur en México, y ante su inminente extensión hacia las fronteras de Centroamérica, pregunto: ¿Qué precio se está pagando en aras de proteger la frontera del Norte? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Serán criminales, o bien hombres, mujeres, niños y niñas obligados a emigrar por sus circunstancias? ¿Es compatible la militarización de la frontera con los derechos humanos? ¿Cómo asegurar que la integridad de nuestros connacionales y hermanos centroamericanos sea garantizada? (Continuará.)
