POR CLAUDIA PALACIOS
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La fiscal general, Thelma Aldana, anunció la creación de una agencia fiscal especial para la investigación de 16 casos de financiamiento electoral ilícito, identificados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el informe presentado la semana pasada.
La Jefa del Ministerio Público (MP) indicó que en las próximas semanas se definirán los detalles sobre el proyecto y se nombrará a un fiscal a cargo.
Aldana señaló que dos casos revelados por el informe de la CICIG que datan de las elecciones del 2011 serán trasladados a la Fiscalía de Narcoactividad y dos más a la Agencia Fiscal de Delitos Electorales.
La Fiscal General agregó que fortalecerá esta última sección, debido a la carga de trabajo que tiene. Según dijo, a la fecha ha recibido alrededor de 180 denuncias.
Además, detalló que aún se encuentran en investigación casos de las elecciones pasadas. “En diversas fiscalías del interior del país hay diversos casos de la elección anterior. El 50 por ciento de ellos están fenecidos y el otro 50 están en investigación”, aseguró.
En el informe de financiamiento de partidos políticos, la CICIG explica que dichas organizaciones obtienen sus ilegalmente recursos de dos maneras. La primera consiste en dejar de reportar y registrar, de acuerdo con la normativa electoral, la totalidad del dinero recibido en concepto de financiamiento para las campañas electorales y la segunda, cuando el financiamiento que reciben los partidos políticos tiene un origen propiamente ilícito, pues proviene de actos de corrupción, de actividades criminales o, por su monto, se ajusta a los delitos de financiamiento electoral y de financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con la investigación, la mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción.
Según indica el documento para costear sus campañas electorales, enriquecerse y mantenerse en el poder, los políticos han creado en numerosos departamentos y municipios redes político-económicas ilícitas de alcance regional.
Entre las redes mencionadas por el informe está el caso de los diputados de Libertad Democrática Renovada (Lider), Luis Chávez y Mirza Arreaga, quienes enfrentan antejuicio por intentar obtener beneficios económicos del Ministerio de Desarrollo, valiéndose de su posición de poder.
Así mismo, se mencionan la red del diputado Baudilio Hichos López, quien se benefició ilícitamente de varios contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula.
FISCAL SE DEFIENDE
La Fiscal General indicó que los antejuicios interpuestos en su contra por parte del partido Lider y Asociación de Juristas por la Nación (Jurnac), no tienen fundamento legal ni están basados en hechos verídicos. De acuerdo con Aldana, ambos antejuicios ya están en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados deberán determinar si los señalamientos en su contra son espurios o no.
