Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Aún con la soga al cuello por el antejuicio que se tramita en su contra, y que constituye un inmenso riesgo para su libertad, ayer el Juez Miguel Ángel Gálvez participó en una audiencia con el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en su calidad de titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

Y lo hizo con entereza, a sabiendas de que sus palabras molestarán a los que tienen la sartén por el mango, gesto que dice mucho de su compromiso profesional y de su calidad humana, al valorar en su justa dimensión el impacto que para el Estado de Derecho tiene la cooptación de la justicia.

A los guatemaltecos parece habérsenos olvidado que estamos a un mes de que se cumplan tres años, nada más y nada menos, de que debieron ser electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. Son ya 148 semanas en las que en la orden del día de todas las sesiones ordinarias del Congreso esa obligación legal aparece como último punto de la agenda, sin que haya el menor avance ni la menor intención de proceder a realizar alguna elección.

Y es que los actuales magistrados fueron electos en su momento luego de aquellos arreglos que se dieron entre los dirigentes de los partidos Lider de Baldizón y Patriota de Pérez Molina, tras el amañado proceso de postulaciones en donde se puso en evidencia la forma en que las comisiones de postulación terminaron por corromper completamente a la justicia. Y sin pelos en la lengua, el juez Gálvez explicó que la justicia en nuestro país es parte de eso que yo he insistido en llamar la Dictadura de la Corrupción, porque más que un simple pacto o acuerdo entre los corruptos, lo que hay es un control pleno de toda la institucionalidad para facilitar el saqueo y garantizar la impunidad.

A Gálvez ya lo tiene sentenciado Fundaterror al afirmar que lo verán preso o en el exilio y todos sabemos el peso que ellos tienen dentro de nuestro modelo de justicia y cómo han procedido para separar de sus cargos a valiosos juzgadores comprometidos realmente con la ley. Gálvez no solo es odiado porque llevó los casos más emblemáticos de la corrupción, empezando por La Línea, sino que además le tocó procesar a militares señalados de delitos durante el Conflicto Armado Interno y eso lo coloca como uno de los objetivos concretos para enviar el mensaje claro a los que no se han acomodado en el sistema.

En la audiencia con el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Gálvez dijo que en Guatemala desapareció la separación de poderes y que prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político, ese que se ha empeñado en consolidar el reino de la impunidad para facilitar la corrupción. Sus palabras tienen que haber retumbado en los oídos de todos los actores principales de ese esfuerzo por destruir por completo la legalidad y si ya lo tenían prácticamente sentenciado, la arremetida en su contra sin duda será fuerte y severa.
Sabiéndolo perfectamente, Gálvez no se hizo el papo ni midió sus palabras, sino que habló con entereza para explicar lo que ocurre en el país.

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