Factor Méndez Doninelli
¿Lograrán justicia las cincuenta familias indígenas Maya Q’eqchi’, desalojadas de Chicoyoguito en Cobán, Alta Verapaz? El terreno que ocupa el llamado Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz CREOMPAZ en la Zona militar número 21, tiene una historia negra, de terror y graves violaciones a derechos humanos producto del despojo abusivo y violento que, en 1968 el ejército guatemalteco efectúo en ese lugar. Ese año, los militares reprimieron y desalojaron a la población que allí residía, conformada por cincuenta familias de los pueblos originarios, descendientes de pobladores originales que ancestralmente se asentaron y fundaron la comunidad de Chicoyoguito en el municipio de Cobán.
La Zona militar número 21 en Cobán, fue durante el conflicto armado interno una base contrainsurgente, en sus instalaciones se mantuvo cautivos en cárceles clandestinas a opositores políticos, sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos, para luego ser ejecutados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes, localizadas en la misma base militar. En ese lugar por ironías de la vida, funciona CREOMPAZ.
En 1968, se produjo el desalojo forzado debido a que el Ministerio de la Defensa Nacional, decidió instalar en ese sitio, la citada Zona militar. Para los pobladores, la expulsión y despojo de sus tierras, tuvo secuelas inmediatas, como la pérdida de vivienda y el acceso a la tierra para cultivar alimentos. Esas difíciles condiciones aumentaron la pobreza de las familias agraviadas, víctimas del conflicto armado interno. Luego de transcurridos cincuenta y cuatro años de ese desalojo, los militares continúan usurpando la tierra arrebatada a los campesinos y por su parte, los campesinos sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Las familias desalojadas de Chicoyoguito han agotado gestiones ante el Estado y Gobierno, para que, conforme a derecho reciban resarcimiento por los abusos soportados y les sea devuelta la tierra que el ejército en forma abusiva y violenta les arrebató, hasta ahora, todo fue inútil. Soy testigo de las visitas al Ministerio de Agricultura y de los reiterados ofrecimientos hechos por los diferentes encargados del despacho, quienes ofrecieron comprar fincas para entregar a las familias afectadas, pero todas esas promesas resultaron ser puras mentiras.
Antecedentes inmediatos que recuerdo, en octubre 2012 acompañé a los representantes de las cincuenta familias a la Secretaría Privada de la Presidencia, donde presentaron un memorial reclamando resarcimiento y devolución de las tierras. Ese mismo año, la marcha indígena, campesina y popular, exigió al Organismo Ejecutivo, cito: “Que por medio de un acuerdo gubernativo se devuelva las tierras que fueron usurpadas por el Ministerio de la Defensa para instalar zona militar No. 21 y se otorgue e inscriba, a favor de las familias de la comunidad Chicoyoguito del municipio de Cobán, Alta Verapaz, aproximadamente 20 caballerías que se encuentran ociosas y que no están siendo utilizadas por el CREOMPAZ; que se compense a las familias por el desalojo que fueron objeto y por haber sido expulsadas de sus tierras.”
El caso CREOMPAZ-CHICOYOGUITO nunca ha sido resuelto. Las familias agraviadas volvieron a instalarse en la tierra de sus ancestros, pero hace apenas dos días, fueron otra vez desalojas por el ejército. En estos momentos, mujeres, niñas, niños, jóvenes y ancianos duermen a la intemperie en improvisados refugios, otras familias han huido e internado en la montaña.
Otra vez, el drama humano se repite y el Estado racista, represor, al servicio de las élites depredadoras castiga a los pobres, a los legítimos poseedores de las tierras ancestrales.
