Ramón Cadena
El fenómeno de la corrupción sigue provocando desconfianza y frustración entre las y los miembros de nuestra sociedad. La pérdida de confianza en uno de los tres poderes del Estado, nos indica que la población ya no cree en las y los funcionarios públicos y que el Estado de Derecho está siendo socavado por las propias autoridades. Si la pérdida de confianza se relaciona con los tres poderes del Estado, como sucede en Guatemala, la situación es aún peor y sólo la población, unida, podrá obligar a las autoridades que aprueben medidas correctivas inmediatas. La teoría de los pesos y contrapesos ya no existe y ya no puede resolver nada.
Esta pérdida de confianza es grave para una democracia y, poco a poco, las políticas públicas que provienen del Organismo Ejecutivo, las sentencias que emite el Poder Judicial o las leyes que aprueba el Congreso de la República pierden legitimidad y aumenta el rechazo de la población hacia todos los actos gubernamentales. En ese caso, las y los funcionarios públicos, implementan acciones para imponer su voluntad sobre la del pueblo y la democracia se va esfumando paulatinamente, hasta que se impone un sistema autoritario y, en el peor de los casos, una dictadura.
El ex Procurador de los Derechos Humanos, que dirigió la protección y promoción de los derechos humanos (1999-2003), ya lo expresó en su informe al Congreso de la República correspondiente al año 2003: la anomia del Estado de Guatemala, es decir la “falta de orden jurídico como certeza ordenadora, la decisión normativa ilegítima, el fenómeno de la corrupción en las y los funcionarios de Estado, la falta de legitimación en la decisión de la autoridad, particularmente la arbitrariedad y el abuso de poder”, afecta seriamente los derechos humanos de las personas y provoca violencia.
La función del Congreso de la República de discutir y aprobar las leyes, para luego enviarlas al Presidente de la República para su sanción y entrada en vigencia, es quizá la más importante de todas las funciones que nuestra Carta Magna le asigna a dicho Congreso y obliga a los señores diputados y diputadas a mantener informada a la población sobre su contenido.
Por su parte, la Sociedad Civil debe fiscalizar la función legislativa que realiza el Congreso de la República y reaccionar ante las leyes injustas o que no promueven el bien común. Por ello, es importante saber que, en la actualidad, estamos casi a punto de que sea autorizada la iniciativa 6054, que busca crear un “súper ministerio de ambiente” y la 6021, que dispone aprobar reformas a la Ley de Hidrocarburos. (Decreto Ley 109-83, aprobado durante la dictadura militar).
La Sociedad Civil nuevamente tendrá que movilizarse ante la posibilidad de que sean autorizadas estas iniciativas, que no son buenas para la población ya que, la primera promoverá más corrupción y, la segunda, comprometerá la administración pública por un largo período de tiempo. Además, ninguna de las dos promoverá el bien común, razón por la cual, se podrá imponer la desobediencia civil.
Desde el año 2003, el ex Procurador de los Derechos Humanos Sergio Morales expresó que los problemas del Estado permanecen y no se resuelven “por lo que es necesario un mayor compromiso del Gobierno para enfrentar la anomia estatal.” Si las personas no encuentran en el Estado la seguridad necesaria para gozar una vida digna, éstas crean nuevas reglas de conducta “que se traducen en desobediencia y violencia. Para combatir tal problema, es necesario retomar una agenda básica que incluya acciones específicas.”, afirmó.
El ex Procurador de Derechos Humanos consideró que la desobediencia debería ser tratada mediante dos medidas: el combate a la anomia estatal y la protección del derecho a la redistribución y crecimiento económico. Consideró también que la violencia debería ser enfrentada mediante el análisis de conductas, especialmente el prejuicio y los estereotipos. Para el efecto, propuso al Estado de Guatemala una agenda nacional “para ayudar a construir un Estado de Derecho con visión de Derechos Humanos.”
La grave anomia estatal, que está conformada, por la “arbitrariedad, abuso de autoridad, impunidad, corrupción, desobediencia a la ley, falta de participación y diálogo, desolación, mentira, secretismo y poderes paralelos o invisibles”, causan un daño severo a la población guatemalteca. Por ello, urge que nos opongamos a este mal y que contribuyamos todos y todas a corregir la situación que prevalece en nuestra sociedad. De lo contrario, la anomia estatal puede llegar a envenenar tanto a la población y al Estado guatemalteco, que después resulte imposible borrar las huellas que impregne a nuestra historia y curar las heridas que cause a nuestra sociedad.
