Factor Méndez Doninelli
“Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales
sin ninguna consecuencia.”
Iván Velásquez, Comisionado CICIG.
En los últimos tres meses la ciudadanía ha visto cómo el secreto a voces se ha convertido en realidad, investigaciones de CICIG y Ministerio Público están mostrando la verdad. Altos funcionarios de los tres poderes del Estado y Gobierno envueltos en actos de corrupción de todo tipo, integrados en redes mafiosas para saquear los fondos del Estado en beneficio de intereses particulares. El último informe de la CICIG relacionado con el financiamiento privado de las organizaciones políticas, destapó otra cloaca que pone al descubierto el modus operandi de la impresentable clase política guatemalteca y confirma las ilegalidades cometidas en el marco del sistema electoral y de partidos políticos.
Al presentar el citado informe el Comisionado de la CICIG afirmó: “Los mecanismos de financiamiento han moldeado a los partidos y han socavado la democracia”, una clara alusión a las acciones perversas y la conducta antiética que distingue a los delincuentes políticos. Según el informe en materia de delitos electorales hay entre 95% y 100% de impunidad, es decir, los políticos violan la ley a sabiendas que sus actos ilícitos no tendrán ninguna consecuencia. Parece que luego de este impactante informe de CICIG, la impresentable clase política ha puesto sus barbas en remojo, algunos con la camisa levantada, niegan con vehemencia su participación y aseguran “sentirse limpios de culpa”, dispuestos a presentarse ante la Justicia.
Otro dato duro del informe es el relativo a la injerencia del crimen organizado en las organizaciones políticas, en tal sentido, el Comisionado Velásquez sostuvo: “Hay participación directa de integrantes del crimen en candidatos a cargos públicos.”
Lo que queda demostrado es la urgente necesidad de concretar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, contenidas en la iniciativa 4974 que en estos momentos analiza la Comisión legislativa y que tiene hasta el 22 de julio, para presentar su dictamen ante el pleno del Congreso Nacional. Sobre el pleno recae la responsabilidad de aprobar o improbar las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral. La iniciativa del TSE tiene el apoyo de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado PNRE que reúne a amplios sectores y organizaciones de la sociedad civil. Las reformas propuestas recogen el clamor popular y la ciudadanía está atenta con la expectativa de que la actual clase política cuestionada, apruebe las reformas, algunas de las cuales deberían tener vigencia para aplicarse en el actual proceso electoral, tal la exigencia ciudadana.
Falta ver si en verdad hay voluntad política de los legisladores, no olvidamos que la propuesta de reformas a la LEPP, tiene catorce años de esperar aprobación, que son varias las legislaturas que han dado la espalda a la exigencia ciudadana y que tal vez ahora en medio de la actual crisis política y social, la impresentable clase política se decida a escuchar y satisfacer el clamor popular.
La corrupción generalizada que se extiende por todo el Estado y la administración pública, impide el desarrollo social y reitero viola los derechos humanos de toda la población. ¡ALTO A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD! ¡JUSTICIA YA!
P.S. Miércoles 15 de julio, agentes de seguridad del Congreso Nacional, intentaron impedir el ingreso a representantes de organizaciones indígenas y campesinas. Según estos agentes, obedecían órdenes de los diputados Luis Rabbé, Presidente de Junta Directiva y Christian Boussinot. Este abuso fue calificado por la dirigente Rosalina Tuyuc, como delito de discriminación racial.
