Ramón Cadena
En Guatemala, el presente se parece tanto al pasado, que los grupos minoritarios y oligárquícos se han robado el espacio que necesita un futuro democrático. Por ejemplo, la justicia republicana del presente, sigue siendo muy parecida a la justicia colonial del pasado. La justicia está diseñada para castigar al débil, para imponerle un castigo ejemplar; para menoscabar derechos que resultan importantes para el desarrollo de los pueblos, tales como el derecho a la resistencia, el derecho a la libertad de expresión o el derecho de petición, entre otros.
Igual que hace quinientos años, hoy se mantiene el racismo y la opresión. La realidad no cambia: el racismo del pasado, sigue causando violencia en el presente. Sigue habiendo desigualdad y la distancia entre ricos y pobres, hoy crece cada día más. La corrupción del pasado, continúa robando en el presente y los bienes del Pueblo, siguen siendo saqueados. La pobreza extrema sigue destruyendo a nuestra sociedad.
Desde la época colonial el poder político, lejos de cumplir con su obligación de proteger a los grupos vulnerabilizados, ha hecho todo lo posible para establecer un sistema que dé protección indebida e irrazonable a las y los funcionarios públicos que cometen delitos. Un sistema que impida el escrutinio de la función pública, que atenta en contra del derecho a la libre expresión del pensamiento o en contra del derecho de petición, es un sistema que atenta en contra de la democracia misma.
Siguiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, podemos afirmar que, sin el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, no existe una sociedad democrática. De ahí que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es necesario, no solo para difundir las ideas consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para difundir aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado. El vínculo estrecho con la democracia, también existe en el ejercicio del derecho de petición, del derecho de resistencia, así como en el de organización y de participación.
La defensa de derechos frente a los abusos del poder público se dio desde siglos atrás. Los Pueblos Indígenas se rebelaban, ya que los reyes tenían una forma de administración desigual e injusta. El descontento frente a estas injusticias, se expresaba por medio de las rebeliones. Severo Martínez Peláez en su libro “Motines de Indios”, analizó el fenómeno del motín.
Según este excelente autor, el sistema colonial estaba estructurado sobre la base del trabajo forzoso y del miedo y, el motín surgía, cuando un grupo de indígenas decidía desafiar la violencia represiva para no continuar sufriendo los excesos de la explotación. En esos casos, no se podía permitir, cualquiera que fuera el abuso, que se le reconociera a la o las víctimas, la más mínima razón para amotinarse.
Con el tiempo, van surgiendo, poco a poco, diferentes figuras delictivas que son utilizadas por los poderosos para perseguir, reprimir o criminalizar a aquellos que denuncian las injusticias que cometen las y los funcionarios públicos en un sistema político.
Varias de estas figuras delictivas deberían ser expulsadas del ordenamiento jurídico guatemalteco. El desacato es uno de estos delitos y, aunque ya fue expulsado del ordenamiento legal por medio de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada con fecha primero de febrero de 2006, dentro del expediente 1122-2005, sigue inspirando la aprobación de delitos similares. La Corte de Constitucionalidad consideró que dicho delito atentaba en contra de la libertad de expresión.
Sin embargo, delitos como la rebelión, la sedición y otros se mantienen vigentes cuando también deberían ser expulsados del ordenamiento legal guatemalteco. A pesar de ello se mantienen, para que se pueda seguir persiguiendo a personas valientes que defienden sus derechos. La justicia republicana, al igual que la colonial, no pueden darle la razón a su lucha. Esto viene a fortalecer al pueblo y a sus derechos. Y en los pocos casos en los que se hace, las y los jueces quedan marcados como “comunistas”.
Se deben menoscabar, disminuir o afectar los derechos que le dan fuerza al pueblo y su lucha. Se debe terminar con el derecho a la resistencia, con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a defender sus recursos naturales. No se puede aceptar un pueblo organizado y mucho menos participativo o que realice un escrutinio permanente y sistemático de la función pública que llevan a cabo las y los políticos o funcionarios.
Por ello la Declaración Universal de Derechos Humanos en su preámbulo dice: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre [y la mujer] no se vea[n] compelido[s] al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”. Según esta Declaración, la rebelión lejos de ser un delito es un deber, es un supremo recurso al que están obligados los seres humanos para luchar en contra de la tiranía y la opresión.
Los tres poderes del Estado de Guatemala, deberían pensar cómo defender a las y los ciudadanos de la mala administración pública, en lugar de seguir creando delitos que son una herramienta de persecución utilizada en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Los tres poderes del Estado deberían pensar qué tipo de política democrática necesita Guatemala para definir el orden público o la seguridad interna del Estado, en lugar de seguir aplicando una doctrina similar a la doctrina de la seguridad nacional, que ve y lee la palabra comunismo, hasta en la sopa de letras con pollo que tomamos para alimentarnos.
