CARACAS, Venezuela
AP
La candidatura de la destacada política opositora María Corina Machado a la Asamblea Nacional de Venezuela quedó en duda el martes luego que la Contraloría General la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante un año.
Los comicios legislativos del 6 de diciembre podrían marcar un importante cambio político en Venezuela.
La exlegisladora denunció en Twitter que fue inhabilitada por la Contraloría General, el máximo órgano estatal de supervisión de las finanzas públicas.
«He recibido notificación de la Contraloría General de la República. Pretenden inhabilitarme para cualquier cargo público por 12 meses», afirmó en un tuit divulgado el martes.
Machado, quien está bajo proceso por el delito de conspiración, figura en la lista de candidatos para los comicios legislativos por la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición de grupos opositores compuesta por una veintena de partidos de izquierda, conservadores, moderados y tradicionales.
Machado publicó en Twitter una imagen de la notificación en la que no se exponen las razones que fundamentan la medida, y se menciona que podrá solicitar ante ese organismo que se reconsidere esa acción administrativa en un plazo de 15 días o presentar un «recurso contencioso de nulidad» en los próximos 180 días ante el Tribunal Supremo de Justicia.
«Actúan como los dictadores que son; que se preparen, nosotros vamos a actuar como la mayoría que somos», agregó Machado en otro mensaje.
La AP solicitó a la Contraloría sus comentarios con relación al señalamiento de Machado, pero por el momento no se pronunció al respecto.
Machado es la segunda líder prominente de la oposición que es inhabilitada recientemente para ejercer cargos públicos. El exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que en mayo fue elegido candidato a legislador en elecciones primarias, fue notificado oficialmente la semana pasada que está impedido de ejercer un cargo público. La oposición considera preso político a Ceballos, que está detenido desde marzo de 2014 bajo el cargo de delito de rebelión.
La exlegisladora, que fue elegida diputada en el 2011, nunca ha manejado fondos públicos, por lo que se desconocen los argumentos en los que la Contraloría sustentó su decisión.
En diciembre pasado fue imputada del delito de conspiración por su presunta relación con planes desestabilizadores contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalamiento que ella ha rechazado.
En marzo de 2014 a Machado le fue retirada la investidura de parlamentaria, bajo el argumento de que incurrió en una «actividad incompatible» con su función legislativa ante la «aceptación de una representación alterna de un país». En su presentación ante la Organización de los Estados Americanos, había ocupado el asiento de Panamá.
Según las principales encuestas, los opositores al gobierno figuran como favoritos para vencer en los comicios parlamentarios por primera vez en 16 años, y lograr una mayoría en la Asamblea Nacional que actualmente controla el oficialismo, el cual tiene 99 diputados, mientras que los partidos opositores cuentan con 66 congresistas.
La oposición —que acusa al oficialismo de imponer su mayoría legislativa para elegir entre sus simpatizantes a los miembros de los poderes públicos— dice que es vital lograr que sus adversarios dejen de tener la mayoría, con el fin de garantizar «la separación de los poderes».
