Claudia Virginia Samayoa
@tucurclaux
Nuestro sistema de justicia nunca fue perfecto; pero ahora le domina lo perverso y lo retorcido. Recuerdo hace algunos años cuando el diálogo con el sistema se hacía en relación con reducir los niveles de impunidad sin abusar de la persecusión de faltas que llena las cárceles de pobres.
La creación y profesionalización del Instituto de la Defensa Pública Penal buscó darle a todas las personas sujetas a proceso penal una defensa digna que buscara la garantía de derechos y evitar que las personas más pobres e indígenas pasaran años en prisión preventiva. Pero todos esos avances han sido retrocedidos por la decisión de una elite económica y política de destruir lo avanzado y vengarse de aquellos que osaron procesar penalmente los graves delitos vinculados a la corrupción y la violencia sistémica.
Los últimos años han sido como un cuchillo en mi corazón viendo no solo cómo se retrocede en las luchas de décadas de mi vida sino también cómo se vengan de quienes desde el sistema osaron creer que todos somos iguales ante la ley. El último caso es el de José Rubén Zamora y Samari Gómez.
Escuché las más de 20 horas de audiencia de primera declaración, de periodista y fiscal, para tener un criterio propio sobre lo que ocurría y para mi sorpresa pude darme cuenta que el denunciante con el apoyo de alguien (¿su abogado?) diseñó un plan para provocar y simular la comisión de un delito por parte de José Rubén Zamora y Samari Gómez. Todas las conversaciones y llamadas grabadas y reproducidas tenían una retórica del denunciante queriendo poner en boca de los hoy imputados palabras que nunca dijeron. Incluso, los presuntos arreglos con el Lic. Sandoval no constan en tanto que un parco si no significa que se realizó la acción.
Lo peor es la forma en que el denunciante generó las circunstancias para la ‘entrega del dinero’ que estaba siendo grabada con video y precoordinada con el Ministerio Público. Lo ocurrido que es el equivalente a una entrega vigilada y está prohibida por ley en Guatemala. Los indicios que le sirvieron al juez para ligar a proceso son ilegales. El Código Procesal Penal es claro en su artículo 183: “Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.”
Si no se corrige la decisión del juez, todas las personas en Guatemala quedamos susceptibles a que bajo acuerdos ilícitos entre particulares y fiscales se fabriquen pruebas por parte del denunciante y el Ministerio Público se convierta en un simple tramitador de venganzas.
¡Ya sé! El dinero es real y la entrega fue real. Zamora explica que los empresarios le dan dinero en efectivo o por terceras empresas y organizaciones para apoyar a elPeriódico desde el inicio del siglo porque es muy peligroso para ellos hacer pauta. Esa práctica es irregular e incluso ilegal; es producto de la ausencia de protecciones para el periodismo independiente de Guatemala. Pero en el momento que el dinero se obtiene a través de un medio ilícito no se puede perseguir el presunto delito.
La ley es taxativa, el Ministerio Público no puede invadir nuestra intimidad sin orden judicial. Si un privado viola nuestra intimidad y la publica comete faltas contra la honra y puede ser procesado. Si un juez acepta como indicio de prueba semejante violación a nuestra intimidad, ¿qué nos queda? PROTESTAR Y RESISTIR.
