Walter Juárez Estrada
En los últimos años los Organismos de Estado han estado en crisis permanente, entre ellos, el Organismo encargado de administrar la justicia. El Organismo Judicial no escapa al secuestro de fines aviesos, en los cuales los jueces no cumplen con los postulados que regula la Constitución, sobre todo Magistrados que integran alguna de sus cámaras y salas.
Sus funcionarios, la mayoría de ellos, no son idóneos, ni capaces, la población exige justicia, misma que debe ser pronta, cumplida y sobre todo transparente, no sólo ante los ojos de las partes procesales, sino ante el pueblo de Guatemala. En esos años ha quedado en el limbo la administración de justicia, sobre todo cuando el ente investigador hace pactos con aquellos que detentan el poder ejecutivo; la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras es un claro ejemplo, al no guardar la distancia que indica la ley, ser una fiscal independiente como lo fueron sus dos antecesoras, y ser sumisa a quien ahora ejerce la Presidencia del País.
Es penoso que altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y algunos de las Salas de la Corte de Apelaciones, hayan prolongado sus funciones más de los cinco años que indica la carta magna. Esa prolongación deviene en la selección de los aspirantes, elegidos a dedo por vínculos políticos, que dio lugar que en la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, se impugnara la forma de la nominación y ordenara mediante una sentencia la forma en que los magistrados a salas y Corte Suprema de Justicia fueran electos por el Congreso de la República a voto razonado y de viva voz, lo que ha provocado la ira del pacto de corruptos y sus representantes en dicho organismo, en virtud de que la población sabrá cuáles son los intereses de algunos diputados en mantener y o bien elegir a magistrados que riñen con la ley o bien representan intereses obscuros al de la mayoría del pueblo de Guatemala.
En este juego de funcionarios mediocres y vendidos sea por interés obscuro o de cualquier otra naturaleza, el Ministerio Público, es mudo testigo, avalando la impunidad y perversidad del actuar de varios funcionarios, al no accionar contra los diputados para elegir a los nuevos togados.
La aplicación de la mala justicia en Guatemala ha traspasado fronteras. Las autoridades norteamericanas tienen en la mira al presidente Giammattei, a la fiscal Porras, a los operadores de justicia, que tarde o temprano aparecerán en la nómina de tacha para ingresar a su país y cortarán la ayuda que por años hemos tenido. A esa grave situación se adhiere que el Estado de Derecho se aplica en función de interés de impunidad o bien interés político, es bien sabido aún por aquellos conservadores, que en medios de comunicación salen dando declaraciones que no tienen por qué aceptar las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, al punto que dicen que las van a desobedecer, y que cuando llegan magistrados afines a sus intereses, entonces para ellos si existe el Estado de Derecho.
Nosotros los buenos ciudadanos somos corresponsables de la situación del país, somos pasivos, tolerantes y desinteresados, la cultura de la costumbre campea en la sociedad actual, y no es sino hasta que nuestro interés particular se ve afectado que alzamos la voz y criticamos nuestro sistema. Es así que debemos reivindicar las protestas del 2015 en las plazas y redes sociales, haciendo ver el malestar contra el sistema y sus activistas pidieron la destitución de corruptos: Pérez-Baldetti y compañía.
Preocupa que los magistrados de ese Organismo sean juez y parte para criminalizar algunos administradores de justicia, sin dejar pasar el intento de procesar a periodistas y medios independientes con el único objeto de no tener oposición en los intereses del pacto de corruptos.
La historia se encargará de juzgar y condenar a los magistrados del Organismo Judicial que se han plegado a los políticos. Hay que recordar a los antiguos magistrados del máximo Tribunal que eran capaces e idóneos.
La situación de la justicia en el país es el resultado de la corrupción, clientelismo, intereses y en tiempos recientes, la prolongación de funciones de Magistrados, que con su parcialismo han denigrado a la justicia y serán recordados como corruptos y desleales al juramento que hicieron. Los funcionarios no se han preocupado para terminar con la mora judicial, que ha afectado a usuarios y litigantes. Hay procesos que duermen el sueño de los justos y esa mora que por años ha perjudicado y se espera que mañana sea otro despertar y que Guatemala, se encause por otro derrotero distinto, sin ambiciones politiqueras corruptas como ahora.
