Ramón Cadena
Lo sucedido el viernes 29 de julio de 2022 a José Rubén Zamora fue el inicio de otra detención arbitraria. Un número considerable de policías allanaron ilegalmente su residencia; así nomás, se metieron y luego lo detuvieron y trasladaron a la carceleta del Poder Judicial, para que un juez le hiciera saber las razones de su detención.
Posteriormente, el juez lo remitió al Mariscal Zavala. El despliegue de la fuerza y los recursos que ello implica, se contrapuso a la escasez de recursos del lunes 1 de agosto, cuando no hubo ni siquiera un vehículo para poder trasladarlo de la cárcel, a la Torre de Tribunales.
José Rubén Zamora representa ese personaje que magistralmente siempre ha defendido el derecho que cobija una de las libertades básicas del ser humano como lo es la libertad para difundir ideas. Me refiero al derecho a la libertad de expresión.
Derecho que es esencial para construir un régimen de legalidad y para construir la democracia. José Rubén Zamora, periodista reconocido a nivel nacional e internacional por su valentía y por su compromiso con esta libertad del ser humano, se encuentra detenido arbitrariamente en Mariscal Zavala.
El régimen de Giammattei, y los otros dos poderes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que actúan unidos en base a los lineamientos de un pacto malévolo, diabólico y contrario a la democracia, lo han detenido arbitrariamente.
Las cabezas de los tres poderes representan a los supervillanos, que se han apropiado de las instituciones del Estado para defender sus intereses personales o que han permitido dicha cooptación.
El supervillano, el Pingüino Giammattei encabeza el pacto y su flamante Jefa del Ministerio Público y Fiscal general, hace todo lo que esté a su alcance, para convertir a José Rubén Zamora en un preso político más, del régimen autoritario. Mueve policías a su sabor y antojo, logra que un juez emita la orden de captura necesaria, organiza el allanamiento ilegal.
Creen que, de esa forma, imponen un castigo que va a callar a la sociedad civil. Pero no será así. El castigo es drástico para la integridad física de José Rubén. Pero la sociedad está firme y seguirá defendiéndolo.
Hay que reconocer que, en Guatemala, el hambre, la pobreza, la inflación y la falta de empleo están poniendo en peligro el régimen de derecho. El éxito de cualquier plan de desarrollo, dependerá del grado de eficiencia administrativa; de la filosofía, principios y nivel de consulta de dicho plan y de la eliminación de la corrupción en la esfera política, para contar con recursos económicos para implementarlo. Para ello, es esencial la libertad de expresión y de opinión que José Rubén ha llevado a cuestas por años con dignidad, respeto y honestidad.
Se trata de un empresario comprometido con la lucha contra la corrupción; una lucha que no debe tener, ni las fronteras del comunismo, ni las del capitalismo. Una lucha que todos debemos aplaudir, ya que terminar con este fenómeno nos beneficia a todos y todas.
Sin embargo, las autoridades han movilizado nuevamente las normas del Derecho Penal, para acusar ilegalmente a un excelente periodista, de cometer el crimen de lavado de dinero; en realidad, lo que quieren es aniquilar la libertad de expresión que José Rubén ha defendido toda su vida.
En el pasado, las autoridades del Estado de Guatemala han tenido como política criminal inventar delitos; en el presente, nuevamente acusan a las personas que combaten la corrupción y el autoritarismo, por considerarlas “enemigos” del sistema, mediante acusaciones falsas.
Para tener éxito, necesitan inventar pruebas. Tanto el Fiscal Curruchiche de la FECI, como la Fiscal General, han lustrado su imaginación, le han sacado brillo y se han esforzado para lograr fabricar un caso en contra de un excelente periodista, valiente y comprometido con la justicia, como lo es José Rubén Zamora.
El ciudadano y la ciudadana han perdido la confianza en las autoridades. Para hacer realidad el imperio del derecho, es vital que éstos tengan plena confianza en las autoridades y que los vean como personas imparciales; suficientemente imparciales como para aplicar el derecho sin mostrar preferencias o favoritismos por un grupo sobre otro grupo.
Ello implica, que las autoridades deben ser tolerantes y escuchar comentarios críticos, sobre todo aquéllos que vienen de personas expertas como José Rubén Zamora, que siempre ha rechazado la censura y sabe cómo enfrentarla con éxito.
Hay falta de confianza en las y los jueces y, por lo tanto, ya no hay credibilidad en la justicia. Cada vez se desvanece más y más la posibilidad de que todas las personas puedan recurrir a la justicia, para que, mediante un procedimiento rápido se logre la reparación de sus legítimos agravios.
Las autoridades del Estado, lejos de buscar la eficiencia de los órganos para la protección de los derechos humanos de todas las personas, buscan la eficiencia de dichos órganos para proteger sus intereses criminales.
Las y los jueces vienen sufriendo atentados sistemáticos y generalizados, que van dirigidos en contra de la independencia judicial. Lamentablemente, ni la Corte Suprema de Justicia, ni las instituciones del Sector Justicia los protegen.
El caso de la detención arbitraria de José Rubén Zamora y muchos otros casos de criminalización de la protesta social, vienen a demostrar que las y los jueces no cumplen con su función primordial de proteger los derechos humanos de las personas.
También hay falta de confianza en los funcionarios y funcionarias encargadas de aprobar las leyes. Y cuando el derecho pierde legitimidad, la sociedad navega sin rumbo y con un riesgo grande de hundirse en la incertidumbre y de no comprender todos los beneficios que trae consigo el imperio del derecho.
El caso fabricado en contra de José Rubén Zamora nos demuestra que la protección de los derechos humanos sólo se puede garantizar por medio del derecho. Un régimen autoritario al mando de los super villanos, persigue ilegalmente a las personas por sus opiniones, contraviniendo así una de las libertades fundamentales, como lo es la libertad de expresión, de opinión o la libre circulación de ideas.
Nada, simplemente nada, ni nadie, ni el villano más cruel, ni la villana más maligna, pueden justificar que el Estado y sus autoridades tomen alguna medida o represalias que afecten la dignidad física, mental, intelectual o moral de José Rubén Zamora, simplemente por haber defendido derechos.
Él debe ser puesto en libertad en forma inmediata y en la audiencia del próximo lunes 8 de agosto, (si el Estado tiene recursos para trasladarlo a la Torre de Tribunales), el juez que esté a cargo de su caso, debe liberarlo. José Rubén Zamora está siendo criminalizado por haber llevado a cabo una lucha frontal en contra de la corrupción durante toda su vida.
Al final, el bien debe triunfar sobre el mal. Para ello, se debe expresar cuanto antes el Poder Popular, el que puede hacer que el Presidente del Pacto de Corruptos, el supervillano, el Pingüino Giammattei, renuncie a su cargo y se someta a los tribunales de justicia, para dar paso a la democracia.
Ni las izquierdas, ni las derechas, quieren que Guatemala vuelva a tener una década perdida y que paguen el plato roto, otra vez, al igual que durante la guerra, las generaciones de jóvenes que vienen luchando para encontrar su destino en nuestra sociedad.
