Walter Juárez Estrada
Los diputados integrantes de la Comisión Electoral del Congreso, irresponsablemente, por meses han venido retrasando las reformas obligadas que se deben hacer a la obsoleta Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las consecuencias pueden ser gravísimas en las elecciones venideras el año entrante.
Aquí debe culparse también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que a medias tintas han dado declaraciones que dicha ley debe reformarse.
El tiempo es el peor enemigo porque el Congreso ha venido celebrando sesiones extraordinarias cuando le conviene y la junta directiva que preside la oficialista: Shirley Rivera Zaldaña, se hace de la vista gorda y no le importa que las elecciones próximas se fiscalicen con una ley que en los actuales momentos no encuadra.
Instituciones de mucho prestigio como la Cámara de Comercio y el CACIF, han coincidido que es urgente que se modifique dicha ley, pues de no hacerlo se tropezará con la misma piedra en las pasadas elecciones. Para los conocedores de los procesos electorales y la ley, debió haberse anulado por los crasos errores que hubo en la tabulación que no coincidió con los votos físicos en las mesas receptoras de votos, que dio lugar a que se destituyera a los encargados de informática, intentándose en vano promover un proceso contra los magistrados de aquel Tribunal.
Pero todo quedó nada más en estudios de la fiscalía de asuntos electorales del MP, cuando la dirigía el hoy jefe de la FECI, el principal aliado de María Consuelo Porras.
Las dependencias respectivas del TSE conocen denuncias de promociones y campañas anticipadas de los políticos que aspiran a sustituir a Giammattei, reelegirse en el Congreso, o bien seguir explotando cargos en las corporaciones municipales.
La ley no habla claro cuando es una campaña anticipada, y cuando se está promocionando a un aspirante. Se cree que al aparecer en publicaciones de prensa o bien en mantas publicitarias que digan “Afíliate”, tienen la intención de que se vote por determinado candidato. Pero si es necesario y obligado que los magistrados están cooptados por el Gobierno, deben cumplir la ley y no someterse a consignas políticas.
Ya se conoce quienes podrían ser los aspirantes a la presidencia de la república, pero hasta ahora ninguno tiene la simpatía de la población y sería un craso error volviéramos a equivocarnos como lo hicimos el payaso de Jimmy Morales como presidente, y por supuesto Giammattei, que llegaron al Ejecutivo como un voto de castigo contra Sandra Julieta Torres Casanova, que no cesa en sus intenciones de ser presidenta.
Que se vende a cualquier postor, y que su partido, Unidad Nacional de la Esperanza, podría ser cancelado. Pero ya se conoce que la ex de Colom hace alianzas con otros partidos que están en vías de reconocimiento y por tercera vez puede darse este fenómeno político porque los candidatos hasta ahora no llenan las expectativas del pueblo.
