Siempre es difícil abordar temas que involucran a algún familiar y es el caso del director y propietario del diario elPeriódico, José Rubén Zamora. Y debo empezar diciendo que siempre he pensado que nadie está sobre la ley y que todos tenemos que responder por nuestros actos, dicho lo cual debo expresar mi preocupación por la forma en que se produjo esa acción del Ministerio Público, precedida por mensajes en redes sociales que evidencian cómo, en los casos bajo reserva, se filtra información de manera maliciosa.
Y son todas las formas usadas lo que preocupa en este caso porque, a diferencia de lo que pasaba en los casos de corrupción que fueron destapados a partir del 2015, cuando se explicaba en conferencias de prensa de manera clara de qué se trataba cada uno de los procesos iniciados y el papel de los sindicados, ahora se habla de los supuestos delitos cometidos sin que se explique a la opinión pública en qué realmente consisten y cómo se cometieron. Recordamos aquellas criticadas conferencias de prensa sobre las que se alegaba que se atentaba contra la presunción de inocencia, pero en las mismas se presentaba de manera detallada cada uno de los delitos y en qué consistía la presunta responsabilidad de los encartados.
En este caso se dice que los delitos son lavado de dinero, conspiración para lavar dinero y chantaje, entre otras cosas, pero nadie más que los netcenteros tiene información de cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Y todo ello en el marco de una serie de denuncias y críticas contra actos de corrupción que se realizan a la luz del día, lo que ha significado que la mayoría de actores sociales del país y miembros de la comunidad internacional expresen su preocupación por el tema de la libertad de expresión.
La libertad de expresión es vista por algunos como una especie de fuero especial para proteger a los periodistas, pero la verdad es que se trata de un derecho de todos los seres humanos y cuando se vulnera se destruye por completo cualquier noción de democracia y se cae en las dictaduras que ya aquí en Guatemala hemos sufrido en abundancia.
La participación de netcenteros, aliados del gobierno y de la Fiscal General, la forma en que se produjeron los allanamientos y la captura, oportunamente en las últimas horas de un viernes para asegurar que el detenido quedara en prisión sin haber tenido siquiera el derecho a su primera declaración, dejan más dudas que respuestas y es lo que ha generado esa alarma unánime de distintos sectores que entienden lo que puede significar que Guatemala siga la ruta de Nicaragua en cuanto al trato a los críticos del sistema.
Repito que creo que el imperio de la ley es parejo y que nadie está sobre ella ni debe alegar inmunidades que le permitan incurrir en abusos o, peor aún, en hechos que constituyen delito. Pero las formas de actuar de las autoridades dicen mucho y eso es, cabalmente, lo que ha incrementado la preocupación de muchos guatemaltecos y de importantes actores de esa comunidad internacional que sigue con atención el deterioro de nuestra institucionalidad.
