Samuel Flores
Al menos 58 municipios de Guatemala afrontan acceso restringido a fuentes de agua, atención mínima a millares de indígenas y campesinos en puestos de salud, sin energía eléctrica, internet, con viviendas construidas con materiales precarios y en condiciones de hacinamiento. Desempleo que incrementa el trabajo infantil, baja asistencia escolar, adultos sin escolaridad que no saben leer ni escribir.
El informe Índice de Desarrollo Humano, IDH, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, revela que miles de familias del área rural afrontan privaciones multidimensionales que los sitúa en pobreza. Las desigualdades se refuerzan con la pobreza que hace referencia a la privación de aspectos valiosos. La desigualdad está relacionada con las desventajas que sufren las personas respecto a los estándares de vida promedio de determinada población y la concentración de las ventajas del desarrollo en determinados grupos.
Esos índices están relacionados con la muerte de quince niños, -menores de 5 años-, por desnutrición aguda. El Informe Epidemiológico correspondiente al 25 de junio de 2022, las víctimas integran los 11,343 menores identificados con hambre.
Es inconcebible que desde 2002, al 2019, aún persistan condiciones de desigualdad que originan la migración de millares de niños, jóvenes y adultos, en extensas regiones de San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán.
Otros municipios -castigados por la sequía producto del cambio climático-, están ubicados en el denominado “corredor seco”, en departamentos que abarcan Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Jalapa y Quiché.
Comunidades ubicadas en las “tierras bajas del norte”, en comunidades de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, y el sur de Petén, afrontan un acelerado crecimiento demográfico con familias afectadas por la irracional explotación de recursos naturales y conflictos territoriales, lo cual frena su desarrollo por la producción de monocultivos tales como palma aceitera y explotación minera.
A estos indicadores negativos se incorporan las políticas de gobierno que afectan la salud en otros territorios, tales como la baja ejecución presupuestaria en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que al 12 de julio del año en curso, ha ejecutado el 41.08%, de los Q12,643.72 millones.
De acuerdo con el Instituto por la Democracia, de Congcoop, el recorte de Q600 millones decretado por el Congreso, traslada recursos públicos destinados para la compra de vacunas para prevenir el Covid-19, al fondo de emergencia para invertir esos recursos en la reparación de carreteras destruidas por la lluvia que a la fecha deja un registro de 23 víctimas y más de un millón de damnificados.
Con 18,822 fallecidos; 74,081 casos activos, 948,477 casos acumulados, al 16 de julio de 2022, y más de siete mil contagios por día, ese recorte incide directamente en el plan de vacunación y en la salud de los guatemaltecos. A la misma fecha, 6 millones 392,640 personas han sido vacunadas con esquema completo, y 8.33 millones con primera dosis. Faltan por vacunar más de 10 millones de habitantes en el área rural, razón por la cual ese desvío de recursos incrementará las condiciones de subdesarrollo en Guatemala.
