Walter Juárez Estrada.
El personal del Ministerio Público trabaja con angustia y desconfianza, en razón del proceder de la Fiscal General María Consuelo Porras, ello por despedir varios fiscales de las diferentes fiscalías que integran el ente del monopolio penal, los traslados y remociones de varios miembros de dicha institución causan no solo preocupación, sino molestia, e inestabilidad laboral, lo que causa mayor desgaste para la entidad. Estos despidos causan una contingencia laboral para la institución, en virtud de que, en la mayoría de casos, no se ha seguido el procedimiento administrativo que la ley orgánica de la institución regula, como también el reglamento interior de trabajo de esta. El M.P. esta investido para hacer que la ley se cumpla y respetar la Constitución, tiene a su cargo el monopolio de la acción de acusación penal. En los casos de destitución cabe recordar que debe haber una causal determinada conocida como falta muy grave para que surta efecto el despido, y con ello correr audiencia al personal que cometió un hecho conocido como falta laboral, para dar por terminado el contrato individual de trabajo, por lo que el trabajador puede recurrir a los juzgados de trabajo para solicitar el pago de sus prestaciones laborales, indemnización y en su caso de haber un pacto colectivo vigente, la reinstalación sea el caso en caso de que no se cumpla con el procedimiento administrativo laboral.
A nadie debe extrañar los exabruptos de Porras debido a su concordancia con el pacto de corruptos. En meses pasados recordamos cuando se hizo público el tema de la alfombra, el dinero encontrado en una casa de la Antigua Guatemala, que dicho sea de paso ha sido la mayor cantidad confiscada en un allanamiento, y como producto de ello el 23 de julio de 2021, la señora Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quien con acierto y capacidad la dirigía.
La impresentable fiscal general, tomado todo su poder despidió al exjefe de la FECI, cuando se tenía en curso una investigación contra el presidente Giammattei. Para remover a ese funcionario la Fiscal Porras violo la ley. No se le dio oportunidad de defensa y promovió procesos espurios en su contra como venganza de las declaraciones que en EE. UU. hizo el relacionado funcionario que esta refugiado en ese país a igual que exjueces y fiscales que se les imputa hechos que nunca cometieron en su función de juzgadores e investigadores.
En los últimos meses, luego de ser reconfirmada Porras en el MP. en un proceso viciado y corrupto, se dio a remover a varios fiscales de la capital y del interior, llegando al colmo que, contra varios, hay procesos en los tribunales por acciones que devienen de ser espurias y con sed de venganza al no plegarse a sus intereses de servilismo.
El Ministerio Publico debe ser una entidad de primera línea. El expresidente Berger solicitó a la -ONU- colaboración para investigar la corrupción que se había enquistado en su administración. Se aprobó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, auxiliara a los fiscales que sustanciaban procesos de alto impacto, designándose como comisionado al español Carlos Catresana cuando el penalista Amílcar Velásquez Zarate, interinamente dirigía el ente investigador. El costarricense Francisco Dallanese, sustituyó al ibérico y al retornar a su patria el centro americano fue reemplazado por el colombiano Iván Velásquez Gómez, que auxilio de manera eficiente a la fiscal general Thelma Aldana, quienes iniciaron una cacería en los gobiernos de Pérez Molina y Morales Cabrera, para desarticular la banda criminal de corruptos.
Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti, se vieron compelidos a renunciar tras las protestas del 2015. Morales en sus arrebatos expulsa del país a Velásquez y pidió la rescisión del convenio de colaboración con la ONU. Ya en la gestión de Porras las cosas han tenido un cambio busco en el MP al ser confirmada para otro mandato, se ha dado a la tarea de no respetar la carrera de Fiscales y empleados de carrera, sumando hasta hoy más de 16 remociones y traslados designando a nuevos fiscales sin experiencia y eso puede traer consecuencias graves para el estado de derecho, peor ahora que la CC. asociada por los corruptos magistrados de la C.S.J. ha declarado sin lugar las acciones que promovió Sandoval, cuando dirigía la FECI que sustituyó Rafael Curruchiche, que obedece las órdenes que le indica Porras para no accionar contra los corruptos.
Es conveniente que la Fiscal General honre la confianza que en su segundo mandato le ha dado Giammattei y serán ambos, solidariamente responsables de lo que puede ocurrir, en las elecciones generales que se vaticinan que van hacer conflictivas y podrían producirse incidentes, según dicen expertos en política.
