Jonathan Menkos Zeissig
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Otra vez las noticias dan cuenta de migrantes que desgraciadamente han muerto en su intento de llegar a los Estados Unidos y establecerse ahí para encontrar lo que en Guatemala no les ha sido posible conseguir: trabajo, seguridad y certidumbre de que el futuro puede ser mejor. Abandonados a su suerte en un tráiler han muerto de calor. Huían de Guatemala, en donde también han sido abandonados por un Estado diseñado para el bien de pocos y el sufrimiento de las mayorías. Lo peor del caso es que, a pesar de los riesgos de migrar, los problemas del país son tan graves que para miles no hay otra opción. He aquí cuatro fenómenos que impulsan e impulsarán la migración.
Empobrecimiento acelerado y continuo de la población. Entre noviembre de 2019 y octubre de 2021, tras casi dos años de pandemia, los ingresos nominales promedio de los trabajadores guatemaltecos se redujeron en un 9.1%, pasando de Q2,429.0 a Q2,207.0 mensuales. Los ingresos de las mujeres trabajadoras cayeron mucho más: ¡una quinta parte!, al pasar de Q2,252.0 a Q1,788.0 mensuales. Las estadísticas de empleo e ingresos oficiales más recientes, las de octubre de 2021, advierten que el 80.0% de las y los trabajadores, alrededor de 6.3 millones de personas, no tenían ingresos suficientes ni para adquirir la Canasta Básica de Alimentos, mucho menos la Canasta Ampliada, a pesar de los ajustes metodológicos realizados por las autoridades a estas categorías con el fin de reducir su costo. El pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque aun trabajando le queda mucho mes cuando se le acaba el sueldo.
Entre junio y septiembre de 2022, 4.6 millones de guatemaltecos padecerán hambre. Los bajos ingresos de los trabajadores y la carencia de programas públicos efectivos de protección social provocan que 1 de cada 5 guatemaltecos se levante y se acueste con hambre todos los días. Se avecina un mayor incremento de precios de alimentos, fertilizantes y transporte, lo que aumentará esta cifra, afectando principalmente a poblaciones rurales e indígenas, y extendiéndose rápidamente al ámbito urbano nacional.
Rápido deterioro de las mínimas bases democráticas. La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el sistema de justicia y electoral están siendo secuestrados por el gobierno actual y quienes intentan preservar eternamente su poder para delinquir y corromper el poder público y conseguir la impunidad por sus actos pasados, presentes y futuros. A la persecución de jueces, fiscales y líderes sociales se agrega la utilización desmedida de la fuerza pública en contra de quienes valientemente, ante los oídos sordos de la autoridad y la muerte del Estado de Derecho, no tienen más remedio (y derecho) que tomar las calles y protestar, esperando que el resto de la población despierte de su mutismo y, como en 2015, le ponga coto al sistema de gobierno criminal que se ha instaurado.
La corrupción es la principal prioridad de la mayoría que administra el poder público. Las políticas públicas, por medio de la producción de bienes y servicios públicos, podrían hacer mucho más para mejorar cotidianamente las condiciones de bienestar de la población, promover la igualdad y mantener un ritmo de actividad económica y empleo que soporte los embates de crisis económicas globales. Sin embargo, la mayor parte de las instituciones públicas están debilitadas por el cáncer de una corrupción sin límites.
No es posible continuar por esta senda de sufrimiento y subdesarrollo. Por el contrario, es urgente tomar conciencia sobre la realidad y buscar la construcción de espacios de diálogo y acción amplios. Como primer paso, la sociedad debe salvar a la Usac de los corruptos y prepararse para un proceso electoral que solo será útil para el pueblo si se logra evitar la continuidad de las mayorías criminales que hoy gobiernan.
