Víctor Ferrigno F.
Ayer, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, presentó una acción constitucional de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber obviado una serie de deficiencias en la solicitud de antejuicio en su contra, por parte de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
El amparo del Juez Gálvez pone al descubierto cómo la CSJ ya es parte de una alianza criminal, en asocio con la FTC y otras fuerzas oscuras, que accionan legalmente contra los jueces y fiscales independientes y probos que defienden la justicia.
Para comenzar, en su voto disidente, la ejemplar magistrada María Eugenia Morales señaló acertadamente que la FCT carece de legitimación activa para solicitar que se despoje al togado de su derecho a un antejuicio. Es decir, que la Fundaterror no tiene vela en el entierro, por lo que su solicitud no debió ser aceptada.
El sujeto de derechos es el titular de los derechos conculcados, y ejerce la justiciabilidad de los mismos (los reclama judicialmente) porque goza de la potestad legal para hacerlo, denominada legitimación activa. La FCT carece de esta legitimación activa, pues no fue parte de ninguno de los cinco procesos legales donde supuestamente el Juez Gálvez incurrió en ilegalidades. Pero la CSJ ignoró esta realidad, a pesar de los señalamientos de la magistrada Morales, y le dio trámite al antejuicio, incurriendo en una grave ilegalidad, que afrenta la independencia judicial.
El 11 de mayo la Fundación dirigida por Ricardo Méndez presentó una querella y solicitud de antejuicio en contra del Juez Gálvez, aduciendo un abuso a la medida de prisión provisional, en cinco procesos, de los cuales el togado solamente conoció dos. Es decir, el análisis de la CSJ fue tan superficial, o amañado, que ni siquiera verificó la validez de los elementos de prueba aportado por la FCT, y le dio trámite al antejuicio.
El colmo del descaro es que miembros de la FTC amenazaron públicamente al Juez Gálvez cuando resolvió enviar a juicio a los militares y policías sindicados en el caso del Diario Militar, y uno de sus miembros anunció la “muerte civil” de Gálvez.
Este extremo fue informado por el togado a la CSJ, el 16 de mayo, solicitando protección y un pronunciamiento judicial, sin obtener respuesta hasta a la fecha. La CSJ no adoptó las medidas de protección y garantía de independencia judicial para cesar la interferencia al ejercicio de las funciones del Juez y, para colmo, le dio trámite al antejuicio solicitado por los presuntos victimarios.
En su amparo, Miguel Ángel Gálvez argumenta que con su resolución la CSJ violentó los siguientes principios, derechos y garantías: a) Derecho a la Seguridad Jurídica; b) Derecho al Debido Proceso; c) Principio de Legalidad; d) Principio de Preeminencia del Derecho Internacional; e) Garantía de Independencia Judicial. Mayor ilegalidad, imposible.
En el amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad, Gálvez sostiene que “En un verdadero Estado de Derecho, una solicitud de antejuicio sin elementos de racionalidad suficientes y además basada en motivos espurios, ilegítimos o políticos debe ser rechazada in limine”. Lamentablemente, tal Estado de Derecho ha sido cooptado por la alianza criminal, y poca justicia se puede esperar de sus Cortes.
En el caso de no obtener amparo constitucional, al Juez Gálvez le quedaría recurrir al Sistema Interamericano de Protección de los DD. HH. Sin embargo, ayer, durante la audiencia protocolar en la OEA, Giammattei acusó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de actos de intervención ilegítima fuera de su mandato y afirmó que la misma incumple principios al actuar “como activista”.
Muchos defensores de DD. HH. interpretan que la acción de Alejandro Giammattei podría ser el preámbulo para retirar a Guatemala de la OEA y de la jurisdicción de la Corte IDH, para gozar de plena impunidad en el ámbito internacional.
La Alianza Criminal se quitó la máscara y actúa con impunidad absoluta, y seguirá ganando terreno hasta que la ciudadanía se yerga y diga ¡Basta!
