Marco Trejo
Esta semana mediante una solicitud de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), al Ejecutivo, en junta de Ministros, fue declarado estado de Calamidad en al menos ocho departamentos del país (Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa), debido a los daños que han causado las lluvias en este inicio de invierno 2022.
El estado de Calamidad Pública es una disposición legal establecida en la Ley de Orden Público aprobada en 1965 y ratificado con 104 votos del Congreso de la República, cuya presidente es la diputada Shirley Rivera, que dispuso le fueran quitados Q3 mil 191 millones al presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para enfrentar la crisis hospitalaria durante la pandemia del Covid-19.
Aunque el secretario de comunicación de la Presidencia, Kevin López, asegura que el presidente Alejandro Giammattei giró órdenes para “garantizar la transparencia en el gasto público”, la población se muestra indignada porque la infraestructura vial es de papel y todo lo que ha pasado con las primeras lluvias demuestra la fragilidad de la misma.
Este tipo de asignaciones solo permite que los funcionarios que dirigen el Ministerio de Comunicaciones se llenen los bolsillos, adjudicando proyectos para los diputados oficialistas y sus constructores, como pago por el apoyo que dan al Ejecutivo y durante esta gestión estas empresas han recibido más de Q300 millones de contratos por obra pública, la cual no dura ni seis meses después de entregada la obra.
A estos empresarios no les importa que por ese “mamarracho” de carretera, que puede ser utilizada por sus familiares (Padres, hermanos, hijos y demás parentela), porque solamente les interesa, llenarse los bolsillos, como cualquier vulgar delincuente, pero en este caso de “cuello blanco”.
Es impresionante como la “Cleptocracia” (del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘poder’ = dominio de los ladrones), se llena la bolsa de una manera descarada y que no le importe que les dirán en los pueblos que representan y que saben que poseen casas y carros lujosos, que viajan constantemente y que tienen un “sequito” de seguridad. Ya los “politiqueros” son unos descarados y no les importas manchar sus nombres y la de sus familias.
Fue indignante ver como el Ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, “compinche” del flamante alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, menospreció las capacidades de los Ingenieros de este país, que incluso motivó que el colectivo de profesionales agremiados “Revolución x Ingeniería exijan que, dicho funcionario emita una disculpa pública, porque sus declaraciones ameritan que lo llamen al Tribunal de Honor y que sea sancionado por haber cometido una falta grave.
Aunque al señor Maldonado, esta solicitud no lo inmutó, hizo caso omiso a la misma, por lo que ahora, tendrá que afrontar el “escrutinio” de sus colegas profesionales, tras haber asegurado que la reparación del hundimiento en el kilómetro 15, Villa Nueva “está fuera del alcance de los ingenieros de Guatemala” por lo que solicitarían ayuda de ingenieros de Estados Unidos.
Y como ya se ha vuelto costumbre para Guatemala, en las mediciones internacionales de competitividad nos ponen como uno de los países peor calificados, incluso el Banco Mundial nos tiene en el rubro de infraestructura de transporte con muchos señalamientos negativos.
Aunque existen entidades como el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), cuyo fin es velar por la competitividad del comercio a nivel nacional e internacional, ante su inoperancia, se ha convertido en una entidad complaciente con las autoridades viales y desvirtúa su razón de ser para el sector empresarial.
Asimismo, el país ocupa la posición 125 de 137 países en la medición de eficiencia del gasto público, lo que demuestra la poca confianza hacia las inversiones realizadas por el Estado y por esa razón es que muchas empresas no quieren invertir en un país que no tiene niveles de competitividad y si le sumamos que tampoco hay certeza jurídica, nos ven como el “patito feo” de las caricaturas.
Incluso el sector empresarial tiene bien claro que el principal obstáculo para el crecimiento económico del país es la débil infraestructura y altos costos logísticos y por eso es que tienen que emprender acciones para que sigamos siendo una nación con la economía más sólida, aún con el pesar de los pesares que vivimos por la clase “politiquera” que tenemos y no nos merecemos.
Tenemos que hacer algo y debemos de actuar todos, los empresarios guatemaltecos deben levantar su voz y señalar los desaciertos de nuestros gobernantes para demandar, que el dinero de los impuestos, sean invertidos en desarrollo de la nación y no como sucede hasta ahora que va parar a los bolsillos de los funcionarios públicos que nos roban salud, educación y obras de infraestructura de calidad.
