POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La Contraloría General de Cuentas solicitó declarar lesivo para los intereses del Estado un convenio de financiamiento entre el Instituto de Fomento Municipal -INFOM- y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas –UNOPS, por US$.3.07 millones, para la contratación, licitación y ejecución de 85 obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico rural en Guatemala.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas realizó un análisis del “Convenio para la Prestación de Soporte Técnico Externo de Apoyo Integral a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, fase I”, de fecha 29 de abril de 2015 y suscrito entre el Instituto de Fomento Municipal y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.
Derivado de dicha evaluación, el ente fiscalizador solicitó a la Procuraduría General de la Nación, declarar lesivo el referido contrato, pues a su criterio, supone una lesión a los intereses hacendarios del Estado, al comprometer gastos para el pago de gestiones que contractualmente les corresponde y se obligaron a realizar, los Organismos Ejecutores, elevando en forma significativa la onerosidad del proyecto, lo que vulnera también los principios de probidad.
El Banco Interamericano de Desarrollo –BID- con el Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, firmó un convenio de financiamiento no reembolsable GRT/WS-11905-GU, y el contrato de préstamo 2242/BL-GU, para la ejecución de la primera fase del programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano en el país.
El costo total del proyecto es de US$.100 millones de los cuales el 50% es de la donación y el resto provienen del préstamo en mención. El plazo de la donación es por cinco años a partir de enero de 2010 y el contrato de préstamo entró en vigencia en noviembre de 2012.
No obstante, el INFOM suscribió este año el “Convenio para la Prestación de Soporte Técnico Externo de Apoyo Integral a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I”, por la cantidad de US$3,074,469.00, para la contratación de obras, bienes, servicios y consultorías que la UNOPS realice a nombre del INFOM con fondos del Programa. El plazo de vigencia de este contrato es de 18 meses.
Sin embargo, en el documento del BID, se establece que los organismos ejecutores del proyecto son el Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y el INFOM a través del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-, como la responsable de la coordinación general del Programa (licitación, contratación y supervisión de las obras).
Por tal razón, la Contraloría advirtió que lo anterior es contrario a lo estipulado en el convenio suscrito con el BID, argumentando que el pago por el soporte técnico de la UNOPS, no garantiza la ejecución del proyecto y sobrepasa en 3% el costo total del Programa violando a la vez, el principio de prudencia en la administración de recursos del Estado, establecido en el artículo 6 de la Ley de Probidad.
También recomendó nombrar una comisión de auditoría para evaluar las razones por las cuales el INFOM a través de UNEPAR, indica no tener las capacidades para desarrollar este proyecto sin la asesoría de la UNOPS y en consecuencia, ejecutar tanto el préstamo como la donación aprobados para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano.
