Víctor Hugo Godoy
Según el tratadista Vicenzo Manzini, y para el caso de los diputados al Congreso de la República (los mandatarios), al engavetar las reformas electorales desde julio de 2014 el dolo significa “la voluntad consciente de omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro” (el pueblo mandante). Tanto en el derecho penal como en el derecho civil este tipo de maniobras es causante de nulidad de los actos producidos, pues para la parte afectada es provocada por una falsa apreciación de la realidad (en el caso presente un proceso electoral viciado).
Por ello, ante el reclamo ciudadano de liberar la “democracia secuestrada” y de “no queremos a los mismos”, la propuesta de “recalendarizar el proceso electoral” respetando el período constitucional, que permitiera reformas electorales de vigencia inmediata para oxigenar el sistema con el complemento de participación de nuevos actores políticos y controles sobre el financiamiento y tiempos en los medios de comunicación es lo menos que se pudiera esperar de un acuerdo entre las “élites” para encontrar una salida “controlada” a la actual crisis. Sería un “encuentro” entre las élites y la sociedad para principiar a reformar un sistema político agotado.
En esa dirección, la propuesta de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado plantea una reforma electoral “instrumental” que se enfoca en la apertura de espacios de participación política que reduzca la monopólica influencia partidaria y la influencia nefasta del financiamiento privado en las campañas, así como la recalendarización de un “proceso electoral viciado” para instalar uno nuevo con mayor legitimidad. Que no me vengan a decir que eso es “ganar con trampa”, porque el pueblo sabe quiénes en este caso son los tramposos.
Sin embargo, al parecer los astros no se han podido alinear en las alturas y un reclamo ciudadano en contra la representación política dentro de los cánones institucionales no es atendido por una equivocada lectura de la protesta y porque no se quiere presionar al Congreso. Porque nadie en la calle está pidiendo romper el orden constitucional: sólo están diciendo que “en estas condiciones no quieren elecciones”. Por qué entonces no cambiar las condiciones si estamos en tiempo de corregir la situación de engaño y de mentira. Si la apuesta es a que la CICIG defenestre a los depredadores, quiero decirles que no basta pues son demasiados y esta comisión no cuenta con los recursos y el tiempo suficiente, además que estos depredadores tienen operadores que heredarán sus lugares y esto sólo será un espejismo de limpia del sistema.
Hoy estamos en “trapos de cucaracha” porque la salida “elitista” y “cooptada” a la crisis del Serranazo en 1993 nos hizo involucionar respecto a la institucionalidad creada con la Constitución Política de 1985, que ni la firma de los Acuerdos de Paz pudo rescatar. Que el TSE no quiere que nada se mueva porque considera que no hay capacidad ni tiempo de administrar un nuevo proceso. Esperemos no se equivoquen.
