Ahora le toca el turno al Ministerio de Gobernación en cuanto a las investigaciones que realiza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala puesto que se ha descubierto otra red de corrupción por la que se realizaron las primeras capturas. Esto confirma lo que hemos venido diciendo, que en Guatemala sólo es de escarbar un poquito para encontrar la podredumbre y es una lástima que sólo sea la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad las que están trabajando, puesto que si la porquería que es la Contraloría de Cuentas y la igualmente inútil Fiscalía contra la Corrupción hicieran su trabajo, no alcanzarían las cárceles para tanto sindicado por robarnos a los guatemaltecos.
Así como el contrato del IGSS con los proveedores del servicio de hemodiálisis son la mayoría de licitaciones que se hacen en el país, con juntas impuestas a dedo con empleados menores que no pueden oponerse a nada porque pierden el chance. Cada licitación avalada por una junta así tiene que ser investigada y si tuviéramos mecanismos de control eficientes y a cargo de funcionarios honestos, especialmente en la Contraloría, seguramente que los procesos vendrían uno tras otro.
En el Ministerio Público hay que decir que desde que fue creado, para taparle el ojo al macho, la tal Fiscalía contra la Corrupción, no ha servido para un carajo, para no usar una palabra más contundente que en realidad exprese el nivel en que se encuentra esa dependencia. Y no hay ya calificativos sin caer en lo soez para hablar de la Contraloría de Cuentas cuyo titular ha sido un experto en apañar la corrupción, al grado de que se hizo acreedor al premio de que los corruptos lo volvieran a elegir para dirigir esa institución por lo eficientemente que les sirvió la primera vez, cuando fue tapadera de todo lo que hicieron en los gobiernos anteriores.
Guatemaltecos, tenemos que entender que la corrupción no está sólo en La Línea o en el IGSS, sino que está extendida y regada por toda la cacareada “institucionalidad” que sirve específicamente para mantener un sistema corrupto que alienta a los ladrones a robar a diestra y siniestra con la complacencia de las entidades de fiscalización, de investigación y no digamos las autoridades judiciales encargadas de aplicar los castigos.
Y si algo se escapa, si algo se les va a todos esos filtros impuestos por el sistema, para eso está la Corte de Constitucionalidad que se encarga de apachar hasta el último de los clavos para apuntalar el sistema. Ya lo dijo Molina Barreto, el sistema está en riesgo y hay que defenderlo a toda costa.
