La liberación de precios de los combustibles fue establecida hace mucho tiempo y el Estado no tiene ninguna intervención en materia de regulación de los precios porque se aplican las leyes del libre mercado que se basan en que los precios fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda lo que hace que al costo del producto el expendedor pueda agregar su utilidad, tomando en cuenta que si la misma es muy alta y supera la que otros están agregando se vería afectado porque la clientela buscaría beneficiarse por la competencia.
Por supuesto que si productores, importadores y expendedores se ponen de acuerdo para mantener cierto nivel de precios, desaparecen las llamadas leyes del mercado y el consumidor no tiene mecanismos para que la competencia sea un factor en la fijación de precios. Y nuestro sistema no tiene forma de establecer controles para evitar ese tipo de colusión que se produce en muchas actividades económicas sin que el usuario se percate.
Pero cuando el Estado decide otorgar un subsidio a determinado producto o actividad, no solo adquiere sino tiene la obligación de establecer mecanismos de control para asegurar que no se esté tirando el dinero a la basura o simplemente regalándolo a un oligopolio. No se puede explicar cómo es que siendo Guatemala un país que está subsidiando el precio de los combustibles sea el que presenta el mayor precio en toda la región centroamericana.
Algo puede y debe estar pasando para que el subsidio, que sale del bolsillo de todos los contribuyentes (tengan o no vehículos) no se refleje en un nivel de precios siquiera igual al que hay en otros países cercanos en donde los costos reales de la gasolina son similares al nuestro. Y si los expendedores e importadores aceptaron el subsidio deben aceptar también un control que permita al Ministerio de Energía y Minas determinar cuánto vale cada galón importado y ver lo que ganan tanto importadores como expendedores.
No se pueden alegar leyes del mercado para la fijación de precios de los combustibles si el Estado los está subsidiando y al no tomar cartas en el asunto el Ministerio de Energía y Minas está propagando un fétido olor a corrupción porque se están haciendo de la vista gorda de la obligación adquirida, al otorgar el subsidio, para asegurar que se está también protegiendo el interés y el derecho de los consumidores.
La intervención del Estado es tan odiosa como debe ser la aplicación de subsidios, según la teoría económica del libre mercado, pero el subsidio obliga a realizar controles.
