Raúl Molina
Algunos abogadillos me acusarán, al igual que al Rector de la Usac, de querer violar la Constitución. La verdad es que junto a millones de connacionales, quiero que sea sustituida por una acorde con la voluntad popular. Las «camisas de fuerza» y los «candados» impuestos por los sectores de poder en 1985 tienen que ser eliminados. Después del 25 de abril, la ciudadanía ha recuperado su poder soberano. Esto no lo entiende la OEA, que hace bien en oponerse a los golpes militares (¿Y los golpes de la Embajada?); pero que comete el error de apoyar unas elecciones sin sentido.
Antes del 25 de abril, el proceso electoral guatemalteco era ilegítimo, antidemocrático e inconstitucional. Después de esa fecha es INACEPTABLE y la ciudadanía tiene el derecho a boicotearlo, porque no queremos que la podredumbre de Pérez continúe o se profundice. Para comenzar, si el TSE y la CC se niegan a parar el proceso, se hace el llamamiento a ciudadanas y ciudadanos a no aceptar ser fiscales de mesa del TSE; luego, inventaremos otras medidas de «desobediencia civil». El proceso es ilegítimo, porque no se puede ejercer el derecho a elegir y ser electos. Tenemos 23 partidos políticos que no han consultado democráticamente sobre sus candidatos y candidatas. De presidente a diputados y alcaldes, las cúpulas de los partidos han impuesto sus «propuestas», la mayoría después de haberlas vendido a los interesados, quienes después se pagarán «la inversión» con los dineros del Estado. Las bases de los partidos, cuando existen, solamente sirven para «legitimar» tranzas. El proceso es ilegítimo y antidemocrático, como puede derivarse de la siguiente pregunta: ¿Cuántos diputados y miembros del Parlacen son indígenas (70% de la población), mujeres (52% de la ciudadanía) o migrantes (2.0 millones)? La respuesta es irrisoria. Los migrantes ni siquiera votamos. Esto y las condiciones que marginan a nuestras grandes mayorías pobres hacen que este proceso sea INCONSTITUCIONAL. El Congreso, el TSE y la CC han fallado en dar cumplimiento a sus propios mandatos: nos niegan a la Diáspora un derecho humano y constitucional.
El TSE presentará reformas a la Ley Electoral; perdonen, eso es una payasada. Esos son parches de última hora, no aplicables ahora (válidas a partir de febrero 2016), que no impedirán que Baldizón, Torres o cualquiera de los otros indeseables sea el siguiente mandatario o que se tapice el Congreso con diputados reelectos o personajes como Portillo, Arzú, los Ríos-Montt, los Pérez y todos los que ya mostraron, hasta la saciedad, como se corrompe el Estado y cómo se le desfalca. Las reformas a la Ley Electoral deben ser a fondo: la ciudadanía debe decidir a qué personas honestas y capaces se les entrega la conducción del país y de qué manera esas personas van a rendir cuentas. El artículo revocatorio es una necesidad ya, para que no se repita que un presidente necio y testarudo se cuelgue desesperadamente del hilo de la Embajada. No más derechos exclusivos de los partidos políticos, que deben ser democratizados y convertirse en entes políticos responsables. Ha llegado el momento de barrer con la basura de 30 años.
