Tres programas sociales aprobados por el Congreso de la República e impulsados por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei para atender la crisis de la pandemia del COVID-19, destacan con denuncias en el informe ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2021, presentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
BONO FAMILIA
El primer programa con ineficiencias es “El bono familia”, una intervención temporal por Q6 mil millones impulsado a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “con el objetivo de apoyar a la población más afectada económicamente” por las medidas impuestas en la pandemia, pero que según la auditoría, las anomalías de este programa ascienden a Q32.1 millones.
La entidad detalló que el beneficio se le entregó a 2,537,180 personas, de esa cuenta el monto acreditado a los bancos fue de Q2,537,180,000; sin embargo, entre los beneficiados se incluyó a 9,600 empleados públicos y 867 pensionados a razón de Q1,000 cada uno, para un valor total de Q10,467 que de acuerdo con la normativa debieron ser excluidos.
Generaron 3,438 hallazgos derivados de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento de los 2,098 corresponden al sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo y 254 a la Dirección de Auditoría al sector educación, 231 al sector salud y 855 a otras direcciones. pic.twitter.com/fQsMX0BZ6B
— Diario La Hora (@lahoragt) May 25, 2022
Además, fueron incluidas indebidamente 490 personas que ya contaban con un beneficio del Mides, así como 20,628 personas que estaban recibiendo el Bono al Comercio Popular y a 519 ciudadanos que no radicaban en el país.
Derivado de esas deficiencias, la CGC presentó los siguientes hallazgos:
• Pagos improcedentes por falta de actualización de la información en la base de datos.
• Pagos improcedentes a beneficiarios de programas sociales del Mides.
• Pagos improcedentes a personas que radican en el extranjero.
De acuerdo con la institución fiscalizadora, el ex viceministro de Protección Social, Juan Pablo González Bonilla está involucrado con los “posibles hallazgos relacionados con el cumplimiento” de la ley que regula la implementación de los fondos.
BONO AL COMERCIO POPULAR
La CGC determinó que en la ejecución del programa Intervención para la Asistencia Económica Temporal para las personas y familias afectadas por el COVID-19, también conocido como Bono al Comercio Popular se encontraron incumplimientos a la normativa.
Las deficiencias se atribuyen a que fueron incluidas 36 personas fallecidas; 21 que registran salida del país y 234 que declararon ingresos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En total se transfirieron Q291,000 a personas que “no corresponden a la población objetivo establecida”, advierte el informe.
Además, de los 225,960 guatemaltecos beneficiados seleccionados por las Municipalidades y Asociaciones correspondientes, fueron excluidos 109,370, cantidad que representa el 48% de los beneficios, sin dejar constancia de las razones o motivos por los cuales fueron rechazados.
Por dichas deficiencias se presentaron los siguientes hallazgos:
“De incumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, denominados beneficios otorgados sin respaldo legal, por inclusión de personas que no cumplen con los parámetros definidos en la población objetivo del programa”.
“De control interno, denominado deficiencia en documentos de soporte en depuración de listados”.
FONDO PARA EL EMPLEO Y MIPYMES
Además, la entidad expuso que si bien los beneficios para el Fondo de Protección de Empleo se ejecutaron de forma oportuna, no es caso para el Fondo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa el cual al 31 de diciembre del 2021 “no presentó ejecución real”.
Es decir, que la asignación de Q400 millones para brindar créditos para las Mipymes no se utilizó. Por esa razón, se interpuso una acción penal contra Ernesto Morales Pinzón, ex viceministro de Economía.
#PORTADADEHOY#NegocioCHN: Incrementa a Q.53 millones créditos en mora 👉🏼 [https://t.co/ElDYDDHu1l] pic.twitter.com/G2ZDGABsqi
— Diario La Hora (@lahoragt) May 26, 2022
Según lo suscrito por la CGC, se estableció que el Ministerio de Finanzas Públicas a solicitud del Ministerio de Economía efectuó la transferencia de Q400 millones a la entidad financiera el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN) incumpliendo con trasladar los fondos respectivos a la Tesorería Nacional (…) tal y como lo establece el artículo 38 de Ley Orgánica del Presupuesto.
Al no haber sido ejecutado, los fondos permanecían en el CHN por lo que resultó en “omisiones que derivaron en el incumplimiento del objetivo para el cual fue creado el Fondo para Mipymes, evidenciándose que existió perjuicio para dichas empresas al no haber recibido la ayuda que el Estado de Guatemala había destinado para ellas”, sostuvo el informe anual.
