POR SAIRA RAMOS
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El próximo presidente, que probablemente sea electo en segunda vuelta, deberá representar a la mayoría de la ciudadanía que exige un Gobierno transparente, libre de corrupción e impunidad y que vele por el bienestar de la población. Sin embargo, esto será un reto para el nuevo mandatario, según analistas, que afirman que las nuevas autoridades tomarán posesión de su cargo con los niveles más bajos de legitimidad registrados en la época democrática derivado a la crisis por corrupción y la falta de credibilidad en el sistema político-electoral.
El rechazo de la ciudadanía a la clase política, tras los escándalos de corrupción en el Gobierno del Partido Patriota (PP) y la falta de confianza en el sistema político-electoral, apuntan a que las cifras de abstencionismo podrían aumentar en los próximos comicios.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró un 39.17% de abstencionismo, es decir, 58 mil 584 votos blancos y 125 mil 146 votos nulos, en la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 2011; las estadísticas fueron positivas en comparación con procesos anteriores, pero analistas creen que esta tendencia se podría revertir.
Estas cifras no evitarán que uno de los candidatos a la Presidencia asuma el poder, pese a la baja legitimidad que tendrá, según Álvaro Pop del Instituto Naleb, porque la “democracia no se mide por la cantidad de votos sino por la aplicación de la norma”, es decir, no se contabilizan los votos nulos y en blanco, algo que ha sido cuestionado por distintos sectores.
En cualquier circunstancia, el próximo gobernante que asuma la Presidencia lo hará bajo la observación de miles de ciudadanos que fiscalizarán cada movimiento y cada paso que den, evitando que sigan los actos de corrupción e impunidad como los registrados en el Gobierno actual por el mandatario Otto Pérez Molina, dice el analista Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar (URL).
Datos del TSE traen a la cuenta, que en 2011 de los 11 aspirantes presidenciales, Pérez Molina del PP y Manuel Baldizón de Libertad Democrática Renovada (Lider) ocuparon los primeros lugares. Pérez Molina alcanzó más de 1.5 millones de votos en primera vuelta y arriba de 2.3 millones en el segundo balotaje; mientras que Baldizón, obtuvo más de un millón en primera vuelta y 1.9 millones en la segunda vuelta.
ELECCIONES CON POCA LEGITIMIDAD
Luis Fernando Mack, director del Instituto de Investigaciones Internacionales y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), explica que tras la desarticulación de “La Línea” y el Caso del IGSS-Pisa, el 14 de enero del 2015, la primera magistratura del país se asumirá con poca credibilidad, en medio de una convulsión política y manifestaciones, que exigen nuevas reglas para la política y las elecciones.
Además con un Ministerio Público (MP) “fortalecido” que cuenta con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que pretende investigar todos los casos de corrupción bajo la observación de un pueblo cansado de actos anómalos durante los últimos Gobiernos.
Según Mack, el “2015 será complicado para cualquier candidato que llegue al poder, porque las expectativas están por debajo de lo acostumbrado y cualquier acción negativa de los nuevos gobernantes los conducirá al mismo punto en que se encuentra Otto Pérez Molina, al punto de una deslegitimación y soledad”.
Por ello, el experto recomienda a los presidenciables a que cambien el “rumbo” y actúen conforme a los preceptos que tiene la Constitución, a fin de mitigar el problema de falta de credibilidad que sufre la clase política, que puede resolverse hasta que se impulse una agenda de cambio y de reformas que encaucen la demanda ciudadana, con el objeto de evitar una crisis como la actual, aseguró.
El investigador señala que “los partidos deben ser cuidadosos con lo que hacen, porque juegan con el sistema político de los guatemaltecos y la ciudadanía, viendo a los partidos políticos como un problema integral de la crisis actual, por tanto, no deben cometer los errores cometidos con anterioridad, es decir, no deben hacer falsas promesas”, de lo contrario la factura será muy alta.
El analista Rosal complementa la explicación de Mack, indicando que los presidenciables ya tienen “un acumulado” de descrédito, por sus acciones en el pasado, cuando tuvieron a su cargo el uso de fondos públicos o al menos tuvieron acceso al mismo o bien, por la forma en que se desempeñan durante la campaña política actual.
“El próximo Presidente tendrá una legitimidad recortada en comparación con los demás mandatarios, es por eso, que debe tener la capacidad de gobernar y generar un diálogo político con alianzas, garantizando una ruta de acción digna, de lo contrario, tendrá un Gobierno precario al margen de la maniobra”.
LOS RIESGOS DE LA POCA LEGITIMIDAD
Rosal afirma que cuando un gobernante no representa a una mayoría real, ni a una unidad nacional –como lo establece la Carta Magna–, uno de los riesgos que corre el país es que se divida, porque el político enfoca su trabajo solo en la base social que creyó en su candidatura y que lo llevó al mandato y es ahí cuando comienza una polarización social.
Ante el panorama de rechazo a la clase política, el entrevistado no descarta que el próximo mandatario actúe de una forma similar, al punto que su gestión sea criticada por distintos sectores económicos y académicos porque el funcionario mantendría un Gobierno clientelar en busca de no perder la simpatía y atención de sus electores.
Los funcionarios que llegan a un puesto público sin la aprobación del pueblo, viven bajo la mirada de la comunidad internacional, agrega Rosal, y esto podría provocar que se desarrollen tendencias autoritarias, clientelares y de compra de voluntades a fin de garantizar aliados, porque su partido y Gobierno, no tienen la capacidad de convencimiento y por lo tanto de gobernabilidad.
El próximo Presidente llegará bajo la presión ciudadana de no corrupción y transparencia, dice Álvaro Pop, y eso según expresó, se probará en los primeros seis meses, de lo contrario existiría la posibilidad que la ciudadanía pida acciones que lleven a pedir la renuncia del mandatario de turno, como sucede con Otto Pérez Molina y su gabinete oficial.
Cualquier situación que se manifieste en los próximos meses, según los analistas Pop y Rosal, no tendría comparación con la de Egipto, por ejemplo, donde el presidente electo por elecciones democráticas, Mohamed Morsi, fue sacado de su mandato luego de 100 días sin resultados y tras una campaña que exigía su renuncia ante la impaciencia de los egipcios que estuvieron apresados por casi 30 años.
Morsi, que recibió un Golpe de Estado, llegó a la Presidencia en 2012 de la mano de los Hermanos Musulmanes, un movimiento trasnacional islámico, que había actuado como uno de los opositores durante la era Hosni Mubarak, condenado a cadena perpetua por su participación en la represión que cobró la vida de cientos de personas durante la revolución que provocó su derrocamiento.
Los analistas dicen que la situación guatemalteca es distinta a la de Egipto; sin embargo, los ciudadanos de ambos países, comparten la frustración del imperceptible cambio en la gestión pública, en términos de infraestructura y de seguridad.
¿EL CAMBIO ESTÁ EN EL VOTO?
Hay quienes aún creen que jugando bajo las mismas reglas, en especial del financiamiento, el voto puede marcar la diferencia. Ese es el caso de Pedro Cruz, de la Organización Jóvenes por Guatemala, quien considera que el rumbo del país puede cambiarse si los casi ocho millones de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral acuden a las urnas en las próximas elecciones para elegir a las nuevas autoridades de Gobierno de una manera responsable y consciente.
“En la actualidad se está sentando un precedente importante, porque se afirma al próximo Gobierno que la ciudadanía estará vigilante, fiscalizando y pendiente de todos los movimientos en compañía de la CICIG, que investigará cualquier indicio de una incongruencia corruptiva. Los guatemaltecos podemos hacer un cambio real si hacemos un voto correcto”, dice.
El llamado de Cruz, es similar al del TSE que ha invitado a la ciudadanía a que el 6 de septiembre asista a los diferentes puntos de votación a emitir el sufragio y de ser necesario, se presente como ciudadano responsable al balotaje, el cual se ha programado para el 25 de octubre, según la información del Pleno de magistrados de ese ente.
Previo a las elecciones, la ciudadanía y los analistas consultados, piden que los tribunales de justicia emitan sentencias contra los corruptos y corruptores señalados de tener participación en actos anómalos dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y demás dependencias del Estado.
LA SOLICITUD CIUDADANA
Después de la desarticulación de “La Línea”, la ciudadanía ha salido a las calles a manifestar su inconformidad con el Gobierno, solicitando reformas a leyes y pidiendo que se aplacen las elecciones por falta de condiciones propicias para su realización.
Sin embargo, esta última solicitud, de llevarse a cabo, causaría un rompimiento constitucional, asegura Luis Fernando Mack de la USAC, por ello es que no es apoyada por la comunidad internacional, ni por su persona. Según el entrevistado, el oficialismo debe entregar el poder el 14 de enero del 2016, no importando, si Pérez Molina sigue al frente.
Entre las peticiones que hace la ciudadanía están las siguientes:
- Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Reforma a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Reforma a la Ley del Organismo Judicial.
Reforma a la Ley de Servicio Civil.
Reforma a la Ley de Minería.
Así como aprobación a las iniciativas:
- Iniciativa de ley de desarrollo rural.
Iniciativa de ley de aumento de pensiones y prestaciones del Estado.
Iniciativa de ley de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado.
Iniciativa de alumbrado público, entre otras.
Faltan por acatar:
Ley que prohíba el uso de los fideicomisos constituidos con dinero público.
