POR CLAUDIA PALACIOS
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El Juzgado Sexto de Instancia Penal aceptó la solicitud que hizo la Contraloría General de Cuentas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para constituirse como querellantes en el proceso penal contra la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y los representantes de la empresa Pisa, por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones.
Algunos de los familiares de personas que fallecieron por insuficiencia renal y supuestamente fueron víctimas del cambio de empresa, también solicitaron una audiencia en la judicatura para solicitar ser querellantes en el proceso.
