El ministro de Gobernación en 2018, Enrique Degenhart, junto a Kevin McAleenan, observados por el presidente Donald Trump, firmaron el acuerdo de Tercer País Seguro. Foto La Hora/AP

El tema de la soberanía está encendido y entró a ser parte del juego de la polarización que nos divide artificialmente a los guatemaltecos. La verdadera soberanía, esa que según la Constitución radica en el pueblo, está totalmente destruida porque no juega ningún papel en el desempeño de las funciones públicas que se ejecutan a la sombra de la corrupción y no de los intereses del bien común. Pero más allá de ello, desde la misma presidencia se blasona de la defensa de la soberanía como acción de rechazo a las críticas que ha generado entre la comunidad internacional el nombramiento de Consuelo Porras para otro período al frente del Ministerio Público en su condición de Fiscal General y el alboroto es tremendo por la “indignación” que provoca la “intromisión” en los asuntos internos del país.

Curiosamente los más vociferantes en la ardorosa defensa de la soberanía son aquellos que no sólo callaron sino que hasta aplaudieron aquella triste y deplorable escena en la que, bajo la mirada amenazante de Donald Trump, el entonces ministro de gobernación Enrique Degenhart firmaba el acuerdo de Tercer País Seguro que fue la moneda de cambio para asegurar la bendición de la Casa Blanca a la decisión de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.

Nuestra historia está llena de momentos para demostrar que la tal soberanía no pasa de ser una aspiración en un país como el nuestro. Desde las grandes potencias hasta los grandes poderes, como el del crimen organizado y el narcotráfico, todos tienen influencia significativa en la vida nacional sin que el orgullo de los guatemaltecos por su soberanía detenga acciones que demuestran la fragilidad de nuestra política exterior y de las instituciones nacionales.

Aquella vergonzosa imagen de un Trump vigilante para asegurar que Degenhart firmaba el documento que le pusieron enfrente y que suscribió abyectamente en nombre del Estado de Guatemala, lejos de provocar el rechazo de quienes hoy se desgañitan por las críticas de la comunidad internacional al nombramiento de Porras, generó su aplauso porque era parte del plan que se trazaron de acabar con la lucha contra la corrupción y cimentar la impunidad absoluta en el país.

Estados Unidos tiene motivos de preocupación por el efecto que tiene la migración constante de guatemaltecos. Y cuando entienden que de nada sirven los muros si persiste la falta de oportunidades, agravada por sistemas corruptos y perversos, por supuesto que activan las alarmas ante acciones que harán más difícil, por la falta de Estado de Derecho, la vida a los guatemaltecos.

Redacción La Hora

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