Han transcurrido más de dos meses desde que la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leyli Santizo, vinculadas al caso “Cooptación y Corrupción Judicial”, presentaron una solicitud de inhibitoria para que el Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Geisler Pérez no siga conociendo su caso y lo remita a un Juzgado de Paz.
La solicitud de inhibitoria fue presentada el pasado 10 de marzo; sin embargo, hasta la fecha, el recurso legal no ha sido resuelto, ya que el juzgador habría variado las formas del proceso, de acuerdo a información proporcionada por una fuente con conocimiento del tema.
El juez debía correr audiencia a quienes plantearon la petición para que presentaran sus argumentos y luego conferirles audiencia a las otras partes procesales, pero, por el contrario, no siguió este procedimiento y le dio tres días al Ministerio Público (MP) para que se pronunciara al respecto.
#PORTADADEHOY
Giammattei: Mandé a decir que no iré a Cumbre 👉🏼 [https://t.co/LASns8oqcj] pic.twitter.com/ivhK7MQI8V— Diario La Hora (@lahoragt) May 17, 2022
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN
Ante estos hechos, la defensa de las implicadas planteó una actividad procesal defectuosa, pero esta fue rechazada y notificada la semana pasada; posteriormente se presentó un memorial para que se diera a conocer la respuesta del ente investigador.
Dicha acción tampoco ha sido resuelta y el proceso continúa detenido en la referida judicatura.
LIGADAS A PROCESO
Las abogadas Sosa y Santizo fueron ligadas a proceso penal por el supuesto delito de colusión, y en la audiencia que se desarrolló a puerta cerrada, se declaró la falta de mérito por obstrucción a la justicia, delito por el que inicialmente el MP había solicitado que fueran procesadas.
Cabe señalar que, en esa oportunidad, al finalizar la audiencia, la exmandataria de la CICIG, confirmó que fueron procesadas por un delito menos grave ya que no se llenaron los requisitos para vincularlas a proceso por obstrucción a la justicia como lo requería la Fiscalía.
“Nos ligaron por un delito menos grave, el Ministerio Público había pedido obstrucción de justicia y el juez consideró que no se llenaban los requisitos para ese delito, lo más importante es que logramos demostrar que no hay peligro de fuga, ni peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad”, afirmó.
