Durante mucho tiempo los integrantes de la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, equivalente al CACIF de Guatemala, fueron fervientes aliados de Daniel Ortega y Rosario Murillo, apañando todas las acciones políticas de la pareja porque, según ellos, eso daba certeza y confianza para mantener el ritmo de la economía del país y pese a las críticas sobre descarados actos de corrupción que se cometían en las más altas esferas oficiales, el empresariado organizado se mostró complaciente y fortaleció mucho al ex líder del sandinismo que, vuelto al poder, se decantó por las mañoserías tal y como ocurre tan frecuentemente en países donde se va minando el Estado de Derecho. El férreo control que estableció Ortega sobre el sistema de justicia no fue objeto de cuestionamiento por los miembros de ese Consejo Superior que, simplemente, se hicieron de la vista gorda porque el régimen les ofrecía preservarles sus privilegios.
Ayer, sin embargo, los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, que presidieron el COSEP, fueron condenados a 13 y 9 años de prisión respectivamente. Healy, quien era Presidente de la entidad recibió la condena mayor y su vicepresidente, Vargas, la menor. Ambos fueron condenados por el delito de menoscabo a la integridad nacional, mismo por el que fueron sindicados por la Fiscalía. Inmediatamente la actual directiva del Consejo empresarial emitió fuertes comunicados condenando la acción, así como la Alianza Cívica, organización que fue creada por los desmanes gubernamentales y al que tardíamente se adhirieron los empresarios, afirmó que fue un proceso viciado que se fundamentó en acusaciones fabricadas en contra de personas inocentes. Según esa Alianza, los juzgadores eran “incompetentes, parciales y al servicio del régimen” de Ortega.
Y digo que los de aquí deben echar pan en su matate porque cuando al fin decidan romper las ataduras que les han vinculado estrechamente con la mafia que ha consolidado el régimen de la corrupción y la impunidad, les va a pasar lo mismo porque, como allá, nada han dicho respecto a las acciones para cooptar y controlar de manera absoluta el sistema de justicia.
En Nicaragua hizo falta el inicio de la campaña de reelección de Ortega para que los dirigentes empresariales abrieran los ojos y se decidieran a participar en la Alianza Cívica que realizó una vigorosa campaña de denuncia de los desmanes del gobierno. Pero el esfuerzo resultó no sólo tardío sino también inútil, porque el daño estaba hecho y de tal calibre y magnitud que los mismos empresarios, que pecaron de incautos y ambiciosos, terminaron siendo perseguidos.
En Guatemala se habla mucho del peligro de caer en manos de izquierdistas como los de Venezuela y Nicaragua, pero el problema no es la ideología sino el comportamiento que subyuga la legalidad y la destruye para facilitar el accionar de regímenes que se centran en la corrupción amparados por acciones populistas como las que aquí se dan con las negociaciones con sindicatos de maestros y salubristas, o mediante plataformas que ofrecen regalo de computadoras a los niños.
El panorama es el mismo que se vivió en Nicaragua hace unos años, cuando los líderes del empresariado se pusieron de alfombra de Ortega y Murillo, como aquí lo son de Giammattei y Martínez. Lástima que para cuando abran los ojos ya no habrá quién los pueda defender.
