Alfonso Mata
Un real defensor del orden público vela por el cumplimiento de la ley penal interviniendo en las decisiones judiciales. Como ente fiscal, interviene durante el juicio penal en el que se involucran un presunto culpable, una víctima, la acusación y el juez. Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Cuando leo toda esa palabrería concerniente al Hacer de un MP, inmediatamente chocan mis pensamientos y rebotan: pero si hay como cuatro o cinco instituciones que hacen lo mismo, o se atribuyen hacer lo mismo o lo peor: lo hacen. No te preocupes alardean otros, hay un orden jerárquico, cual orden si es claro que el MP -que es en el que me quiero centrar- su fin es denunciar hechos criminales públicos y privados ¿no incluye eso autenticación de documentos?
Entonces me viene la pregunta: luego de casi treinta años de su existencia, el MP ¿en qué ha contribuido a proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente, y mejorar el funcionamiento de los recursos nacionales y proteger las inversiones, a generar una administración pública más clara y eficiente? Busco en los medios de información, investigaciones y me encuentro sin número cientos de denuncias contra instituciones, funcionarios, gobiernos municipales, ministros, diputados, de todo hay y sin irme a lo personal caigo en lo institucional: esas denuncias se engavetan. Denuncia de infracciones ¡SI!, resoluciones: ¡No! O sin impacto o nulas. Mejores regulaciones para una más eficiente y eficaz aplicación de las leyes de la justicia: ¡tampoco!
Uno de los determinantes clave de la eficacia del MP es apoyar cumplimientos a través de la denuncia de los sistemas regulatorios de las instituciones públicas para lograr objetivos de política pública honestos y eficientes. La rápida proliferación de procedimientos y procesos del Gobierno para evitar probidad y eficiencia en su actuar debería propiciar reprobación de parte del MP, pero no lo hace, ni siquiera hay avances, aunque no sean impresionantes en algunas áreas del bienestar económico y social, de la justicia social, de mejoras en cuanto a inequidades y desigualdades. Puedo entonces tildar los resultados del accionar del MP como decepcionantes.
En cuanto a la reforma regulatoria del Estado establecida para darle espacio a un MP, el término “regulación” se refería a toda la panoplia de instrumentos a nivel a través de los cuales se procuraría que los gobiernos cumplieran con hacer cumplir obligaciones a empresas y ciudadanos. El término regulación abarca leyes, decretos, órdenes y reglamentos formales e informales para investigar no solo denuncias sino elaborarlas por el MP y vigilar resoluciones al respecto. Las intervenciones del Estado en decisiones de mercado como la fijación de precio, competencia, entrada o salida del mercado, etc. Todo ello ha sido demostrado que se viola por instituciones públicas y privadas sin determinación justa al respecto, sin que el MP actúe con eficiencia en ello. Al establecerse el MP se pretendía aumentar la eficiencia del trabajo institucional público. Ha sucedido lo contrario. A la fecha, el nepotismo, incumplimientos en contratos laborales ha predominado, con claros favoritismos y llenos de “prácticas burocráticas”, a través de las cuales los gobiernos logran otorgar privilegios a sus protegidos muchas de ellas llenas de anomalías con un impacto negativo significativo incluso en el desempeño del sector privado, de conocimiento del MP sin actuar en ello.
En resumen: la reforma judicial promovida hace treinta años con el fin del desmantelamiento de corrupción y reconstrucción de todo un régimen regulatorio y sus instituciones o en la mejora de los procedimientos de elaboración de normas y de gestión ha sido un total fracaso. Y entonces ¿para qué seguir manteniendo ese gran aparato que solo queda en denuncias, ocultamientos, fallas de todo tipo de regulación más estricta que al evaluarse resulta más que evidente que obedece a razones subyacentes de corrupción? De siempre se ha dicho: La regulación que no logra sus objetivos puede ser tan dañina para el gobierno, las empresas y los ciudadanos como una regulación insuficiente o nula. Los casos de incumplimiento sistemático del MP (generalizado y persistente) son fallas más que evidente que devalúan a esa institución como instrumento de justicia y, en última instancia, a lo que ha contribuido es a socavar la credibilidad del gobierno, la iniciativa privada, la justicia y anular la posibilidad de gobernar, de acuerdo con el principio de democracia y legalidad. No hablamos de un grado razonable de incumplimiento del MP, hablamos de un organismo tan corrupto como toda la institucionalidad pública.
