Cada semana los jefes de bloque se han reunido para acordar los puntos para cada una de las sesiones del Congreso de la República y siempre, sin excepción, se incluye en las agendas la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones de todo el país en lo que es, evidentemente, un requisito simplemente para que no se les diga que ya se olvidaron del tema y que están eternizando un vicio como es la prolongación del mandato de los integrantes actuales del sistema de Cortes de Justicia.
En octubre del año pasado se cumplieron dos años de la fecha en que debió elegirse a los nuevos integrantes de las diferentes Cortes, lo que significa que llevamos ya más de dos años y medio sin resolver el problema, acomodados y en abierta violación del mandato constitucional que obliga al Congreso a realizar dicha elección. Al momento no hay el menor indicio de que los diputados estén dispuestos a proceder como por mandato de ley corresponde y es que habiéndose integrado las actuales Cortes después de los arreglos que se hicieron entre Baldizón y Sinibaldi, todos los que son como ellos se sienten muy cómodos y protegidos de manera que no les interesa, ni por asomo, cambiarlos. Y eso no obstante que las respectivas Postuladoras del proceso pendiente de culminar fueron también manipuladas y quedó demostrado cómo, desde un hospital privado, se manoseó todo el manejo de la selección de los integrantes de las listas finalmente enviadas al Congreso de la República.
Hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad obligando a los diputados a hacer la elección, pero la misma se la pasaron por el arco del triunfo tranquilamente y así como terminó la anterior legislatura, sin elegir magistrados, la actual continúa en la misma senda, con el mayor cinismo y descaro.
No se puede soñar siquiera con un Estado de Derecho si quienes están llamados a preservarlo y administrarlo ejercen su labor como parte de una ilegal e inmoral prolongación de funciones que, repetimos, resulta muy cómoda y conveniente para los que tienen del pescuezo a todo el país por su empeño en asegurarse impunidad y facilidades para la corrupción.
La forma en que se tapan con la misma chamarra diputados y magistrados, protegiéndose mutuamente cuando hay algún señalamiento en su contra, es una prueba fehaciente de cuán deteriorado está nuestro Sistema de Justicia. Y sin justicia no puede existir estado de legalidad ni protección efectiva de los derechos y garantías del ciudadano.
