Francisco Cáceres Barrios
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Cualquier acto por pequeño que sea es imputable, es decir es atribuible a alguien, quien debe asumirlo con responsabilidad. Si usted conduciendo su automóvil llega a un crucero cuyo semáforo tiene encendida la luz roja, debe detenerlo. Si no lo hace, deberá responder por las consecuencias al no haber ejercido con responsabilidad el derecho de hacerlo, como al haber transgredido la norma de tránsito que lo define. La ley indica que en Guatemala somos libres de elegir y ser electos para un cargo público y si lo hacemos, paralelamente surge la responsabilidad, que no es otra cosa que la capacidad de responder por los propios actos.
Por lo anterior, no se justifican los alegatos de quienes habiendo desempeñado un cargo público ahora se asombren de ser juzgados por hechos anómalos o por haber transgredido la ley en el ejercicio del mismo. Por lo que se justifica plenamente que los afectados, en este caso la ciudadanía en general, exija de las autoridades judiciales aplicar pronta y eficazmente la ley para los encartados. Por eso se dice que la justicia es dar a cada quien lo suyo o dar lo que se debe, desde un reconocimiento pleno al individuo responsable, como el más grave de los castigos por no haberlo sido.
La aplicación de la justicia lleva implícita la ejemplaridad, puesto que advierte a los demás que si no cumple con sus deberes y obligaciones con responsabilidad le puede ocurrir lo mismo en perjuicio propio y de los suyos. Y es que toda persona es responsable ante los demás y por ende ante la sociedad, aunque no es lo mismo castigar a un presidente o vicepresidente por no haber cumplido con sus deberes, que a un empleado quien por descuido haya dejado abierta la bodega a los ladrones.
Debido a ello, nuestra sociedad después de sufrir la frustración porque el gobierno de Pérez Molina-Baldetti incumplió sus promesas electorales, surgió la exigencia de su renuncia así como la aplicación de la justicia, no solo por haber tomado lo que no era suyo, sino por la irresponsabilidad por no haber cumplido con sus deberes. Llegó el momento entonces de sentar precedentes para evitar que en el futuro se vuelva a desatender la hambruna de nuestros pueblos, por utilizar en menesteres electorales los recursos que le correspondían; de incumplir con la dotación de medicinas y el debido equipamiento a los hospitales o llegar al colmo de propiciar la muerte de enfermos renales por agenciarse de fondos a través de mañosos procedimientos para adjudicar contratos. En efecto, la ciudadanía debe exigir dos cosas: el retiro de los irresponsables y su ejemplar castigo.
