El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que el asilo político que le ha sido otorgado en Bélgica es una prueba de que está siendo perseguido por las autoridades de su país y no descartó un regreso a la política, en entrevista con The Associated Press el lunes.
Correa, que en 2020 fue hallado culpable de corrupción y sentenciado in absentia a ocho años de prisión, vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa. Si bien las autoridades ecuatorianas han exigido su arresto y extradición anteriormente, hasta ahora se le ha permitido permanecer en Bélgica.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador envió una nueva solicitud de extradición para Correa la semana pasada, pero desde entonces ha trascendido que la Comisaría General para Refugiados y Apátridas de Bélgica otorgó asilo al exjefe de Estado, con el estatus de refugiado. La agencia emitió un certificado fechado el 15 de abril que vio la AP.
El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, dijo al canal Teleamazonas desde Quito que no ha recibido ninguna notificación «respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica, es un tema soberano de cada país … es una relación de quien solicita y quien se lo entrega».
Tras obtener asilo político en Bélgica, Rafael Correa afirmó que la Convención de Ginebra lo reconoció como un “perseguido político” – LA NACION https://t.co/JWVp0euD7d
— Rafael Correa (@MashiRafael) April 24, 2022
Añadió que «no existe persecución política. El señor Corea tuvo derecho a su legítima defensa, en este momento es un ciudadano prófugo de la justicia ecuatoriana». También aseveró que no ha llegado el pedido ni el expediente de la Corte Nacional de Justicia para realizar el pedido de extradición.
Correa aseveró que ahora puede viajar con seguridad por todo el mundo, excepto en Ecuador. El exmandatario dijo que da conferencias por lo que necesita viajar para poder trabajar y obtener un ingreso. Correa indicó que la única forma de detener lo que percibe como una persecución política sería volver a ocupar un cargo electo.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, dijo la semana pasada que firmó la orden de inicio del proceso de extradición con relación a la sentencia de Correa en el caso de corrupción. En ese momento, los fiscales señalaron que el expresidente supervisó un complot en el que empresas extranjeras y locales realizaron pagos en efectivo a su ahora desaparecido partido político Alianza PAIS a cambio de contratos lucrativos de obras públicas.
Correa sigue negando que haya cometido alguna falta y se presenta como víctima de una cacería de brujas política.
El ecuatoriano, que se identifica con el movimiento de izquierda latinoamericano, dejó el poder en mayo de 2017 luego de una década al frente del país andino.
Desde entonces se ha buscado su extradición en tres ocasiones, una luego de ser declarado culpable en un caso de secuestro de uno de sus oponentes políticos y dos veces por el mismo caso de soborno.
