Walter Juárez Estrada.
Las funciones de la Corte de Constitucionalidad, están debidamente reguladas en la carta magna y la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Su naturaleza tiene un fin principal: defender la Constitución Política de la República de Guatemala y encuadrar sus resoluciones dentro del marco las leyes específicas. Salirse o hacer lo que la ley prohíbe es fraude de ley, como lo indica la Ley del Organismo Judicial. Desafortunadamente la 8ª. Magistratura de dicho ente, ha violado la carta magna y resuelve políticamente en favor de grupos o personas vinculadas a entidades de regímenes pasados y del presente.
Ha causado indignación y desasosiego la sentencia proferida por dicha Corte, en relación a la elección del Consejo Superior Universitario de la abogada Gloria Patricia Porras Escobar, que anulo su elección, como magistrada de la relacionada Corte, porque asegura que la electa no llena las calidades que dice el reglamento de elección: no ser catedrática de la tricentenaria Universidad y porque el voto fue público y no privado. Porras no fue juramentada por el Congreso, luego de su elección. Por una razón: los diputados del sector oficialista, se confabularon para que la togada con amplia capacidad no tomará posesión para sustituir a su colega Juan Francisco de Matta Vela, que continua en el cargo.
En torno al caso de Porras Escobar, quien a igual que otros colegas suyos, hubo de emigrar a los Estados Unidos, donde imparte una catedra de derecho, le resulta incómodo al gobierno, a los sectores corruptos, pues la profesional en las dos magistraturas que ha ocupado ha sido vertical en sus resoluciones y no ha permitido que se viole la Constitución y su idoneidad y capacidad, debidamente comprobada no les es simpática a los grupos corruptos, como ella reiteradamente lo ha manifestado.
Lo cierto es que la conformación de la actual Corte de Constitucionalidad, deviene de ser espuria y política. Su actual presidente Mario Molina Barreto, que por tercera vez ocupa dicha plaza, no debió haber sido elegido por la Corte Suprema de Justicia, pues fue candidato vice presidencial de la aspirante a la Presidencia de la Republica señora Zury Rios. Igual ocurre por la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Licenciada Blanca Alfaro quién también participo como candidata vice presidencial con el aspirante Edwin Escobar. Dina Ochoa fue allegada al ex presidente Jimmy Morales, Lester Vásquez Pimentel se vio vinculado a un proceso por el caso de las comisiones de elección 2020 para la Corte Suprema de Justicia y recientemente sus colegas de la Corte de Constitucionalidad, lo favorecieron al declarar que no había causa para enjuiciarlo, pese a que hay pruebas en su contra. La magistrada Lesly Lemus es allegada al presidente Giammatei y antes de asumir esa magistratura fue secretaria general de la presidencia y el único que no tiene tacha es de Matta, quien sigue en el cargo toda vez no se elija a su sustituto.
Debe quedar claro que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, han retorcido la Constitución y la Ley de Amparo y exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues no pueden crear normas que violen la carta magna, mucho menos interpretar a su sabor y antojo las leyes, no abrogarse funciones que no les corresponde y por vergüenza si es que la tienen deberían de renunciar y aùn se recuerda a los profesionales que han ocupada esa alta Corte, Edmundo Vásquez Martínez, Rodolfo Rothomoser Valdeavellano y Jorge Mario García Laguardia, ente otros.
