Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Uno de los temas que ahora se plantean como parte de la necesaria reforma del Estado es el de la Ley de Servicio Civil que regula la relación del Estado como empleador con los trabajadores del sector público. Como muchas cosas en Guatemala, el problema principal de esa normativa está en que no se ha cumplido como debe ser porque siempre se ha practicado la maña para volarse las trancas que se habían puesto tanto para proteger al trabajador como para asegurar que, mediante concurso por oposición, pudiera contratarse a personal calificado.
Hace muchos años se empezó con la práctica de reclutar mediante contratos bajo un rubro especial del presupuesto, el renglón 029, que no se atiene a las normas de la Ley de Servicio Civil. Se sabe que el Estado es la piñata de los políticos que ganan las elecciones y por lo tanto lo usan como si fuera su finca en cuanto a exprimir todo lo que se pueda. No lo ven como su finca en términos de que cualquiera que tiene una finca o una empresa la tiene que cuidar e invertirle tiempo y recursos para que se mantenga en las mejores condiciones de operación, cosa que, evidentemente, no ocurre con el gobierno en particular y el Estado en general.
De esa cuenta los que participan como “voluntarios” en una campaña van tras un hueso y no se conforman con las plazas presupuestadas que tienen asignaciones razonables, sino que van tras contratos que puedan ser mucho más lucrativos. En alguna ocasión, cuando era Presidente, Arzú dijo que con los sueldos que se pagaban en las planillas y en puestos presupuestados no se podía conseguir al mejor personal para el servicio público, pero en vez de hacer ajustes salariales para alcanzar condiciones de competitividad con la empresa privada (al fin de cuentas el Estado es muy importante), se tomó el atajo de los contratos.
Al desorden que eso significó se vino a sumar después la irresponsable actitud de muchos gobiernos que hicieron componendas con los dirigentes sindicales para cooptar al movimiento de los trabajadores públicos y empezaron a firmar pactos colectivos suscritos sin criterio técnico ni consideraciones actuariales, para decir lo menos. No hay institución, ni pública ni privada, que pueda mantener el ritmo de los aumentos anuales que se han pactado entre ministros que ya son historia y a los que les vale madre el hoyo fiscal creado, y los dirigentes sindicales que han sabido sacar raja no sólo beneficiando a su base, lo que los convierte en todopoderoso e inamovibles, sino también en lo personal porque los abogados que les “asesoran” se embolsan muchos millones de quetzales por cada pacto y se lo reparten con la dirigencia que les contrató.
El desorden del sector público es inmenso y las mesitas de trabajo que se han montado para tapar el ojo al macho con la oferta de una reforma profunda del Estado no van a poner orden en tamaño caos. Para empezar, están agarrando el rábano por las hojas porque lo medular sigue pendiente.
