Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Desde la era democrática, los guatemaltecos hemos sido testigos y hemos comentado cómo es que nuestra sociedad atina a apuntalar personas y estructuras que terminan solidificando sus finanzas con el dinero que debería servir para atender los grandes problemas nacionales que tanto dolor, miseria, problema y rezago nos han causado como país.
Ahora, las cosas no han cambiado mucho sino que se han vuelto más obvias, burdas y cínicas, pero no se inventó el agua azucarada; a pesar de ello, no atinábamos a dejar por un lado nuestra indiferencia y por ello mi teoría siempre fue que si la justicia funcionaba, la indiferencia ciudadana podía desaparecer y a muchos se les iban a quitar las mañas, pensando dos veces antes de cometer las fechorías.
Y tras las develaciones del Caso La Línea, mi teoría resultó correcta, porque ello causó que ante las irrefutables evidencias que presentó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el Ministerio Público (MP), la gente hizo a un lado su indiferencia para empezar a ejercer una ciudadanía más viva, más responsable y más comprometida.
Luego vino el Caso del IGSS que permitió a los guatemaltecos visualizar, con la muestra de un pequeño botón, cómo es que funcionan las grandes contrataciones del país porque nadie puede cometer el error de pensar que esto solo ocurre en el Seguro Social o peor aún, en este periodo de gobierno. Esto también fue gasolina e insumo para el despertar del guatemalteco que cada día es menos indiferente.
Y ahora la gran interrogante es, ¿si el guatemalteco es hoy más consciente de la porquería de la que somos parte gracias a trabajos serios y objetivos de investigación, qué podrá pasar y pensar el chapín cuando la CICIG destape la podredumbre de los partidos políticos y su financiamiento que termina siendo la madre de todos los vicios del sistema?
Hay quienes estiman que en un ya raro, inusual e incluso hasta inexistente ambiente electoral, el informe que la comisión rinda respecto al financiamiento electoral puede terminar de provocar que el chapín confirme su repudio hacia el sistema y sus actuales reglas.
Los políticos no han querido escuchar el clamor social que demanda cambios de fondo y de raíz con efectos inmediatos y como bien decía Oscar Clemente Marroquín la semana pasada, el Congreso, las Cortes y la Contraloría de Cuentas han navegado sigilosamente al margen del radar durante la presente crisis, lo que al ser realizado por los ciudadanos, puede agravar aún más la situación.
El informe de la CICIG será vital porque puede llegar a ser el mejor botón para realizar que quienes hablan de la institucionalidad nos han venido diciendo pajas porque aquí, ésta le pertenece a los usuarios de los sistemas paralelos de compras, de justicia, del sicariato, del financiamiento electoral y un largo etcétera.
El Embajador gringo apareció la semana pasada con Pérez Molina para mandar un mensaje fuerte y claro que ellos no andan en una jugada fuera de lo “institucional”, tratando que no se agrave la crisis, pero mi teoría es que si la crisis no se agrava ahora por lo que significarán los cambios profundos, se agravará con el nuevo gobierno y todo por esa evasiva actitud de los políticos para cambiar las reglas de un juego que ha sido beneficioso para ellos, un puñado de aliados en el sector privado y para los poderes paralelos del país.
La CICIG tiene en sus manos el futuro de las elecciones y del país y su informe nos abrirá los ojos para entender que si no se dan los cambios antes de septiembre, los mismos llegarán más temprano que tarde porque el nuevo gobierno también tendrá que ir a devolver el dinero a los financistas y a los poderes ocultos y ello seguirá siendo a costa del dolor, de la marginación, de la violencia y de la pobreza de nuestra gente.
