Walter Juárez Estrada
El Tribunal Supremo Electoral, según la Constitución y su ley, entre sus atribuciones regula el fiel cumplimiento de la carta magna y velar porque todo evento electoral se enmarque con independencia y no someterse a otros organismos o entidades que no están encuadradas en ley. Desafortunadamente en la magistratura anterior, el proceso electoral se vio cuestionado al no coincidir los votos registrados en la nómina de sufragantes y las computadoras revelan votos adulterados que daban lugar a anular el proceso y convocarse a otras elecciones, que el MP. promoviera acciones contra los funcionarios electorales, especialmente con los directores de cómputo y hasta ahora está estancado el proceso contra las anteriores autoridades.
En los últimos días los magistrados que conforman las magistraturas, han sido criticados por grupos opositores, por estar al servicio del oficialismo, para favorecer a determinados candidatos presidenciales. De ser cierta esa especulación, puede dar lugar a que el futuro proceso electoral, previsto para junio de 2023, se judicialice y causar un atraso en la convocatoria, y por supuesto originar desconfianza en el electorado que por ninguna razón debe permitir que se vulneren sus derechos y que se favorezca a candidatos que no son idóneos y llevarían al país, a una debacle, como lo que hemos vivido desee hace años, al vincularse en los procesos electorales a narcos, que ahora son los que dominan y tienen control de los funcionarios y de los políticos, que sin una pisca de vergüenza, se alinean a quienes se sufragan las elecciones y reciben fuertes sumas de dinero, siendo esto ilícito, porque no está supervisado por el órgano electoral.
Es sabido y nadie ignora cómo fueron elegidos por el actual Congreso, los magistrados electorales, lograron las plazas, porque tienen vínculos políticos, especialmente el expresidente de ese ente, Mynor Franco, que cuando fue magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue pieza clave para no encausar a la dirigente de la UNE, señora Sandra Torres, ahora aliada al oficialismo que tiene procesos abiertos por financiamiento ilícito.
Se recuerda ahora, a los magistrados que dieron certeza y confianza al elector, los recortados y renombrados Arturo Herbruger Asturias, Félix Castillo Milla y Mario Roberto Guerra Roldan, que en su vida profesional y como funcionarios electorales, no se plegaron al oficialismo y cumplieron con lo que norma la Constitución y la ley respectiva, pero ahora la desconfianza es una de las graves barreras que pueden dar lugar a que el proceso electoral del año entrante, se realice con dudas y por supuesto con desconfianza, pues algunos aspirantes han dicho que se les tacha porque están en campaña anticipada, pero no se actúa igual con los que están plegados al oficialismo por una razón: reciben órdenes de los mandos superiores que tienen el control de todos los organismos del Estado.
Esperamos que los magistrados y las autoridades electorales, encuadren su labor en lo que dice la carta magna y que las reformas a la Ley Electoral y de Paridos Políticos, sea firme, no permita el transfuguismo y el financiamiento ilícito no declarado y quien viole esas normas sean denunciados en el Ministerio Público y se promueva proceso en los tribunales, de no ser así, vaticinamos anticipadamente que habrá abstencionismo y eso favorecería a los que hoy, se han plegado al oficialismo.
