POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Con el Acuerdo Gubernativo 145-2015, el organismo Ejecutivo puso fin a la intervención de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), ordenada por el presidente Álvaro Colom en 2011, con el fin de reducir el contrabando. La medida cobrará vigencia el próximo lunes, pero fue anunciada luego de que se descubriera una red dedicada a la defraudación aduanera donde se presume que participaban funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y particulares.
A partir del 15 de junio próximo quedará sin efecto el Acuerdo Gubernativo 149-2011 que dio vida a la intervención de la Empresa Portuaria Quetzal. Esta mañana se publicó en el Diario Oficial el acuerdo 145-2015 de la Presidencia que da marcha atrás a la intervención de la EPQ.
En el texto se establece que se retirará la medida debido a que ya se lograron los objetivos para los que fue implementada, como “propiciar su mayor eficiencia, el mejor cumplimiento de los objetivos para los que fue creada y garantizar, normalizar y transparentar la prestación de sus servicios”.
El pasado 20 de mayo, el presidente Pérez Molina anunció el cese de la intervención de Puerto Quetzal en el Pacífico, el Puerto de Santo Tomás de Castilla en el Atlántico así como en el Aeropuerto Internacional La Aurora en el presente mes; el acuerdo en relación a la EPQ empezará a regir ocho días después de su publicación en el Diario de Centroamérica.
La administración de la EPQ estará a cargo de una Junta Directiva, cuyos cargos serán seleccionados en los próximos días, según fuentes oficiales.
El puerto Quetzal fue inaugurado en 1983 en el Pacífico y junto al de Santo Tomás de Castilla, en el Caribe, son los más importantes de Guatemala.
“Es un proceso que va dentro de la dinámica de la coyuntura actual, solicitar la desintervención de puertos y aeropuertos para agilizar la administración técnica dentro de la dinámica de dichas dependencias”, explicó el vocero presidencial, Jorge Ortega.
Respecto a situaciones que supuestamente ocurren dentro del recinto portuario que van desde despidos injustificados, trasiego de drogas, inconformidades por cobro de tarifas, colapso en algunos servicios así como retrasos en la construcción de una nueva terminal a través de un contrato de usufructo adjudicado a la concesionaria Terminal de Contenedores de Barcelona (TBC), el portavoz del presidente Otto Pérez respondió:
“Respecto a los despidos, parece ser que por reorganización y cambio de autoridades se les cancelaron sus contratos a algunos trabajadores. Con respecto a los aranceles, se hizo una negociación con los gremios y se llegó a un acuerdo con los empresarios. El Presidente en su última visita dejo claro que hay que hacer todos los estudios para agilizar los procesos porque al final el aspecto de la construcción va a depender de la capacidad económica tanto en el ámbito privado como público, pero no se está desatendiendo esta situación”.
