El pasado siete de abril la Asamblea General de la ONU decidió suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania y le mostraron la tarjeta roja, como lo hace un árbitro en un partido de fútbol, cuando expulsa a un jugador de la cancha por su comportamiento antideportivo. Lo mismo debería hacer el Consejo de Derechos Humanos con el Estado de Guatemala, por cometer tanta violación a los derechos humanos. Razones las hay y de sobra.
Al día de hoy, el Estado de Guatemala no ha cumplido las recomendaciones que dicho Consejo le hizo en el pasado examen periódico universal cuando analizó el caso de Guatemala, relacionadas con la lucha contra la impunidad y el respeto de todos derechos humanos. Por el contrario, el Estado de Guatemala ha tomado medidas regresivas para desmantelar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); para hacer lo mismo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Ha cooptado a la Corte de Constitucionalidad que ahora obedece las órdenes de la mafia guatemalteca, para resolver los diferentes casos que se le vienen presentando; ha desmantelado la Institucionalidad de la Paz, dándole la espalda a las víctimas de la guerra y sigue haciendo todo lo posible para cooptar a la Procuraduría de los Derechos Humanos por medio de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
Dicho Congreso ha intentado imponer medidas regresivas relativas a la familia y evitar que la llamada Justicia Transicional alcance a quienes violaron gravemente los derechos humanos durante el conflicto armado interno; ha amedrentado a las Organizaciones No Gubernamentales y por si esto fuera poco, el mismo Poder Judicial y el Estado en su conjunto, continúa afectando seriamente a jueces y juezas independientes, que han tenido que salir al exilio para proteger sus vidas; la impunidad nuevamente ha alcanzado índices que preocupan y la corrupción es un fenómeno que sigue limitando y violando los derechos de la población. En fin, hay muchas razones de peso, para expulsar al Estado de Guatemala del Consejo de Derechos Humanos.
Y por si todo esto fuera poco, una Comisión de Postulación ha venido trabajando con total descaro, para elegir a un o una Fiscal General, que estará comprometido o comprometida con la mafia guatemalteca, que protegerá al Presidente Giammattei en el futuro y le esconderá y contemplará todas sus fechorías. El conflicto de interés sigue siendo la regla que rige a nuestra sociedad y Giammattei probablemente elegirá a la persona que más fidelidad le garantice y que demuestre el compromiso férreo de proteger sus intereses personales y los de la mafia guatemalteca. La actual Fiscal general está haciendo puntos y para el efecto, ha perseguido a fiscales de la ex FECI, a abogadas independientes y a jueces y juezas imparciales, quienes han demostrado con el derecho interno e internacional en la mano, que quieren hacer algo para liberar a Guatemala de las ataduras que le ha impuesto el crimen organizado.
Lo importante, es que la Comunidad Internacional llegue a un consenso y tenga la voluntad política de imponer esa máxima sanción y expulsar a Guatemala del seno del Consejo de Derechos Humanos, sanción impuesta en el pasado únicamente a Libia, quien meses después fue readmitida. Todo mundo sabe que en Guatemala vivimos un retroceso absoluto en materia de derechos humanos y que nos aproximamos a una dictadura compleja, en la que la independencia de jueces y abogados no existe, la libertad de expresión está perseguida, así como lo están defensoras y defensores de derechos humanos. A las y los jueces y abogados/as independientes se les reprime impunemente, para callar sus voces. Al igual que en otras dictaduras, se busca que la oposición política no tenga voz. El Poder Político, militar y económico no quieren tener voces disidentes.
Después de los esfuerzos realizados por el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para terminar con un conflicto armado interno de más de treinta y cinco años, ambas partes aprobaron una serie de acuerdos sustantivos y operativos que pretendían la desmovilización de las fuerzas irregulares y sentar las bases para la construcción de un Estado de Derecho y el logro de la paz firme y duradera. El ingreso del Estado de Guatemala al Consejo de Derechos Humanos en el año 2006, fue considerado como un paso adelante y positivo para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, habiéndose comprometido el Estado guatemalteco con la promoción y protección de los mismos en el documento “Promesas y Compromisos Voluntarios de Guatemala para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.”
Con profunda preocupación podemos afirmar que después de más de veinte años de la firma de la paz y de casi dieciséis años como miembro del Consejo de Derechos Humanos, muchos de los compromisos acordados en materia de justicia y seguridad democrática, como por ejemplo aprobar una nueva Ley de Orden Público en consonancia con los Derechos Humanos, contenido en el Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y otros compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en otros acuerdos de paz, no han sido cumplidos en lo más mínimo.
El contexto socioeconómico tampoco es el más propicio. Los elevados niveles de pobreza, el alto grado de concentración de la tierra, las altas tasas de desempleo, los bajos salarios y una distribución del ingreso y la riqueza concentrada en una minoría, siguen contribuyendo a que la desigualdad siga siendo uno de los factores principales que impiden el desarrollo social y el logro de la paz. Todo ello agravado por la Pandemia Covid 19.
Persiste la ausencia de una política estatal destinada a combatir la impunidad y corrupción, fenómenos que flagelan en forma perversa a toda la sociedad. Aun así, el ex Presidente Jimmy Morales se arrogó la facultad de no prorrogarle el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Presidente Giammattei no sólo siguió la política de su antecesor, sino que intensificó la defensa del principio de la soberanía absoluta, atacó al Embajador de Suecia calificando sus actos y comentarios como actos “intervencionistas en los asuntos internos del país”, cuando en realidad lo que estaba haciendo dicho Embajador, era defender los derechos humanos de la gente, en base al principio de cooperación internacional y desmanteló la institucionalidad de la paz.
Las autoridades del Estado de Guatemala, han contravenido frontalmente el principio de cooperación internacional, que ha defendido desde su inicio el citado Consejo. En otras palabras, el gobierno de Guatemala se ha puesto en clara confrontación con el Consejo de Derechos Humanos, es decir, con la Comunidad de Países que han promovido la defensa de los derechos humanos a través de dicho Consejo. Si fue tan fácil expulsar del Consejo de Derechos Humanos a un país grande y poderoso como Rusia, debería ser mucho más fácil expulsar a un país pequeño, acostumbrado a violar los derechos humanos a diestra y siniestra, como lo es y ha sido Guatemala.
La práctica de la detención arbitraria, cuyo último ejemplo lo encontramos en la detención ilegal de cinco abogadas independientes y honestas, sigue su marcha. La impunidad y la corrupción siguen en aumento y continúan afectando los derechos humanos de la población, erigiéndose como obstáculos para el desarrollo de la democracia; el racismo en contra de los Pueblos Indígenas sigue siendo la norma general que alienta este gobierno.
Los procesos de consulta a Pueblos Indígenas deberían respetarse y cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Contiene principios básicos que también pregona el Consejo de Derechos Humanos. Es preocupante notar que existe una tendencia permanente a limitar los efectos de los procesos de consulta a los Pueblos Indígenas, cuando éstos se oponen a implementar proyectos que afectan su derecho al ambiente sano, su derecho al agua y su derecho a la propiedad, individual o colectiva.
El acelerado crecimiento del crimen organizado y de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan desde las mismas estructuras del Estado y/o desde estructuras privadas y que desarrollan una serie de hechos delictivos, incluyendo ataques y amenazas a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y miembros de otros sectores sociales, constituyen hechos gravísimos; éstos siguen actuando con total impunidad e impiden la identificación, juicio y castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Todas estas medidas regresivas están muy cerca de lograr la liberación de altos funcionarios que se encuentran detenidos por haber cometido actos de corrupción y otros crímenes graves.
Si bien la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) fue un hecho alentador en el año 2007, que contribuyó a hacer avanzar la cultura de la legalidad en años posteriores, rápidamente fue afectada por el Gobierno del Ex Presidente Morales, cuando le afectó intereses personales y, por lo tanto, inició un proceso regresivo que desmanteló todo lo que dicho Organismo Internacional había logrado en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Giammattei continuó con los actos de corrupción y por ello, pronto desmanteló a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cooptó a la Corte de Constitucionalidad y espera cooptar a la Procuraduría de Derechos Humanos.
Ojalá que no tengamos que presenciar nuevamente las carcajadas que lanzan el Presidente Giammattei, sus Ministros y otras personas, frente al rostro de los países amigos que conforman el Consejo de Derechos Humanos y ojalá que dicho Consejo no vuelva simplemente repetir sus típicas recomendaciones generales al Estado de Guatemala., para que éste no las cumpla y más bien, haga todo lo contrario: invocar la soberanía absoluta, seguir criminalizando a defensores y defensoras de derechos humanos; persiguiendo o deteniendo arbitrariamente a la gente y excluyendo y discriminando a los Pueblos Indígenas. El Consejo debe imponer un castigo ejemplar a las autoridades de esta dictadura, por cometer tan horrendas y graves violaciones y expulsar al Estado de Guatemala de dicho alto organismo. El Consejo de Derechos Humanos tiene la palabra.
