Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el proceso de elección de Fiscal General y la intención de María Consuelo Porras de buscar mantenerse en el cargo, señalando que ha socavado investigaciones sobre corrupción y violación a los derechos humanos.
La directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner expresó: “El mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de Derecho en Guatemala”.
Por ello, plantea que es necesario un proceso de selección de profesionales serio para restablecer la independencia del Ministerio Público.
Añadió que el proceso de selección actual se ha visto afectado por varios intentos de interferir con “la independencia de la comisión de postulación y con la imparcialidad y rectitud del proceso”.
En este sentido HRW recomendó que “los gobiernos preocupados por la situación en el país deben monitorear de cerca el proceso y sancionar a los individuos, incluyendo del sector privado, que socaven el Estado de Derecho”.
Broner aseveró que el sucesor de Porras tiene la posibilidad de desempeñar un papel fundamental para proteger las instituciones democráticas o podría, en cambio, “darle un tiro de gracia al Estado de Derecho en el país”.
Manoseo al Estado de Derecho no pasa inadvertido
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 13, 2022
ALTA HONRADEZ
De acuerdo con HRW, la Postuladora debe asegurarse que todos los candidatos preseleccionados demuestren la más alta honradez.
Instó a los comisionados a evaluar rigurosamente si la trayectoria profesional probada de cada candidato indica que estarían dispuestos y serían capaces de garantizar “el buen funcionamiento del sistema de justicia penal y de administrar justicia imparcialmente”.
PERSECUCIÓN DE OPERADORES DE JUSTICIA
Durante la administración de María Consuelo Porras al frente del ente investigador, 13 fiscales y cinco jueces se han ido de Guatemala debido a investigaciones penales aparentemente espurias, en otros casos los fiscales renunciaron a sus cargos en el MP.
HRW señaló: “Porras ha usado su mandato para bloquear investigaciones de corrupción que implican a políticos de alto nivel y convirtió al sistema de justicia en un instrumento de persecución penal contra críticos del gobierno, periodistas, jueces y fiscales independientes”.
El observatorio recomendó examinar la responsabilidad de empresarios en los esfuerzos por debilitar las instituciones democráticas.
En Guatemala, la elección de fiscal general es crucial para el Estado de derecho.
Hasta ahora el proceso se ha visto afectado por varios intentos de interferir con la independencia de la comisión de postulación.
Comunicado de @hrw_espanol: https://t.co/RJ1DmfWxXe
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 13, 2022
“Años de investigaciones en Guatemala han demostrado que los empresarios han actuado en coordinación con funcionarios corruptos para copar los tribunales y que el dinero obtenido a través de la corrupción y actividades delictivas a menudo se utiliza para financiar campañas electorales”, puntualizó.
En este sentido también llamó a los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, incluyendo a EE. UU. y Europa, a monitorear el proceso de selección y ampliar sus sanciones contra quienes socavan aún más la independencia del MP y desmantelan el Estado de Derecho.
